Un especialista exige transparencia y mayor supervisión tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, un especialista del sector ferroviario ha instado al Gobierno a transparentar las causas del accidente y a reforzar su supervisión en la ejecución de obras para garantizar la seguridad de los usuarios.

A raíz del descarrilamiento del Tren Interoceánico, uno de los proyectos ferroviarios de la actual administración, el especialista del sector Carlos Barreda señaló la necesidad de que el Gobierno sea transparente sobre las causas del siniestro. Consideró que este evento obliga a la autoridad a tener un mayor involucramiento en todas las fases de los proyectos ferroviarios, desde la planeación y el abastecimiento de materiales hasta la ejecución de las obras. Barreda advirtió que el accidente desincentiva el uso del ferrocarril como alternativa de movilidad y afecta el interés gubernamental de que estos proyectos sean financieramente autosuficientes. Cuestionó cómo se puede convencer a la población y al turismo de utilizar el tren si su operación no se percibe como cien por ciento segura. Por ello, insistió en que la transparencia en el manejo de la información sobre el accidente será clave para recuperar la confianza. Aunque reconoció que se han cumplido los protocolos iniciales de atención a víctimas, el especialista subrayó la importancia de esperar los resultados de las inspecciones periciales para determinar la causa exacta del descarrilamiento, que podría deberse a fallas en los materiales, en la ejecución de la vía, en el equipo rodante o por error del conductor. Estas declaraciones surgen en el contexto de una demanda interpuesta por un grupo de afectados y sus familiares, quienes buscan una indemnización por responsabilidad civil, argumentando omisiones o negligencia del operador con base en dictámenes previos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, Barreda se mostró escéptico sobre la posibilidad de que la autoridad se sancione a sí misma, estimando que los afectados difícilmente obtendrán una compensación mayor a la incluida en el seguro de su boleto. Apuntó que, si se tratara de un concesionario privado, la autoridad sería más insistente en esclarecer los hechos y exigir una reparación del daño. Finalmente, sugirió que, más allá de las sanciones, lo más adecuado sería que la autoridad colabore con otros concesionarios con experiencia en la operación ferroviaria.