Soberanía Aérea en Juego: Pilotos Mexicanos se Enfrentan a Aerolíneas por Contratación de Extranjeros

Pilotos aviadores mexicanos se manifestaron en la Ciudad de México para exigir la revocación de un permiso que autoriza a la aerolínea Volaris a operar vuelos nacionales con tripulaciones extranjeras, desatando un conflicto entre la protección laboral y las necesidades operativas de la industria.

Miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) protestaron este lunes frente a las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La manifestación tuvo como objetivo exigir la anulación de la autorización que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) otorgó a Volaris para operar temporalmente con aeronaves y tripulaciones extranjeras, incluyendo capitanes, en rutas nacionales. El permiso en cuestión se enmarca en la figura de “arrendamiento húmedo” (wet-lease) y permite a Volaris utilizar aeronaves y personal de Malta y Lituania entre el 1 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. Esta es la segunda ocasión que se concede una autorización de este tipo, ya que en 2023 se otorgó una a Viva Aerobus para hacer frente a la revisión de motores. Las organizaciones de pilotos argumentan que esta medida viola el Artículo 32 de la Constitución mexicana, que estipula que los comandantes de aeronaves comerciales deben ser mexicanos por nacimiento, así como la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal del Trabajo. Sostienen que existen suficientes pilotos mexicanos certificados para cubrir la demanda.

Los sindicatos advierten que esta práctica pone en riesgo miles de empleos nacionales, vulnera la soberanía del espacio aéreo y podría sentar un precedente para un “cabotaje encubierto”. Durante la protesta, con consignas como “No a la piratería aérea” y “La soberanía no se renta”, los líderes sindicales enfatizaron que la medida no responde a una emergencia, sino a decisiones administrativas que precarizan su profesión. Por su parte, tanto la AFAC como Volaris defienden la legalidad de la medida, sustentándola en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y la normativa nacional. Afirman que es una acción temporal y excepcional para garantizar la conectividad, evitar la cancelación de vuelos en 20 rutas y proteger a cerca de 200,000 pasajeros durante la temporada alta. Aseguran que no se constituye cabotaje y que la decisión se tomó para evitar un impacto negativo en el turismo.