Estrategias Municipales en Contraste: La Lucha por un Transporte Público Digno en México



En distintas ciudades de México, los gobiernos municipales están implementando diversas acciones para mejorar el transporte público y la infraestructura vial. Mientras que en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el enfoque es la reparación de calles, en Torreón, Coahuila, se centran en la inspección de las unidades; por otro lado, en la Ciudad de México, expertos señalan la necesidad de un subsidio gubernamental para la modernización del sector. En Ciudad Victoria, el gobierno del alcalde Eduardo Gattás Báez ha reanudado el Plan Emergente de Bacheo, con el que se han rehabilitado más de 13,500 metros cuadrados de asfalto. La estrategia se concentra en 15 puntos críticos de rutas de transporte público para mejorar la movilidad de unidades de servicio colectivo, de alquiler y de aplicación digital. Recientemente, se atendió la avenida Hombres Ilustres, facilitando la circulación durante el Buen Fin, y se respondieron a reportes ciudadanos en el fraccionamiento Haciendas del Santuario, además de concluir un recarpeteo en el acceso a la colonia Lomas de Guadalupe. Por su parte, el Ayuntamiento de Torreón, en coordinación con el gobierno estatal, ha intensificado los operativos de revisión de autobuses.
Según Luis Alberto Morales Cortés, director de Movilidad Urbana, estas acciones buscan garantizar traslados seguros y dignos.
El proceso incluye reuniones con concesionarios y el análisis de reportes ciudadanos de la línea 073.
Las inspecciones se realizan en las terminales para verificar las condiciones físico-mecánicas, la limpieza y la documentación de las unidades, priorizando las rutas con más quejas, como Valle Oriente – Cereso y Ciudad Nazas. En contraste, la discusión en la Ciudad de México aborda un problema estructural: el financiamiento. Jesús Padilla, presidente de Grupo Cisa, considera que se requiere un presupuesto de al menos cien mil millones de pesos anuales para modernizar el transporte público. Sostiene que la movilidad es un derecho constitucional y su mejora no debe ser costeada por los usuarios mediante aumentos de tarifa, sino que debe ser subsidiada por el gobierno, al igual que la salud o la seguridad. La falta de inversión, advierte, reduce la competitividad de las ciudades y aumenta el tráfico.









