Justicia Bajo Sospecha: Los Casos de Arce y Casar como Reflejo de la Tensión Política

Las acusaciones de corrupción y el uso de las instituciones de justicia contra figuras públicas en Bolivia y México han puesto de relieve la delgada línea entre la legalidad y la presunta persecución política.

En dos casos distintos, uno en Bolivia y otro en México, se investigan presuntas irregularidades que involucran a figuras de alto perfil, generando debates sobre la instrumentalización de la justicia. En Bolivia, el expresidente Luis Arce fue puesto en prisión preventiva por cinco meses mientras es investigado por un caso de supuesta corrupción relacionado con el Fondo Indígena, ocurrido cuando era ministro en el gobierno de Evo Morales. La fiscalía acusa a Arce de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por presuntamente autorizar en 2015 el depósito de fondos públicos en cuentas particulares, con un desfalco estimado en más de 51 millones de dólares. El caso, considerado un gran escándalo de corrupción durante la gestión de Morales, fue reabierto tras la llegada al poder de Rodrigo Paz. Arce, de 62 años, alega que su detención fue ilegal, que es inocente y se considera un "chivo expiatorio" en una persecución política. A pesar de que su defensa argumentó que padece cáncer, el juez ordenó su reclusión en el penal de San Pedro en La Paz. Paralelamente, en México, la Fiscalía General de la República (FGR) ha procedido penalmente contra María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La acusación se centra en la pensión vitalicia de viudez que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo. Pemex denunció que el pago es indebido, argumentando que la muerte fue un suicidio y no un accidente laboral. Aunque la petrolera suspendió el pago, Casar obtuvo un amparo para que se le restituyera.

Este caso es interpretado por algunos como un acto de intimidación y venganza política contra una voz crítica del gobierno.

Se argumenta que la FGR está siendo utilizada como un "brazo ejecutor" para sembrar miedo y disciplinar a quienes, como MCCI, han expuesto la corrupción. Esta situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad del sistema de justicia y el riesgo de que se utilice para acallar el disenso.