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Preocupa concentración del poder en la regulación del agua: UCD
La Lucha por el Agua en México: Nueva Ley Genera Temor y Conflictos Políticos
Una nueva Ley General de Aguas, que promete sanciones severas contra el acaparamiento, ha desatado la preocupación de pequeños productores por la posible centralización del poder, mientras a nivel estatal se intensifican las disputas por el control del recurso.
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El gobierno federal, a través de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsa una nueva Ley General de Aguas que busca regular las concesiones y combatir el acaparamiento, la venta ilegal y el uso de pozos clandestinos. Según el diputado Ricardo Monreal, esta legislación contempla un capítulo de sanciones económicas y la tipificación de delitos que podrían castigarse incluso con cárcel para quienes hagan mal uso del recurso. La propuesta surge tras un sexenio en el que, según actores del campo, no se atendió el desorden en la gestión hídrica. Sin embargo, la iniciativa ha generado incertidumbre en el sector agrícola. La Unión Campesina Democrática (UCD), liderada por Jesús Emiliano García, expresó su preocupación de que la ley concentre el poder de decisión en una sola instancia federal, lo que podría llevar a decisiones discrecionales y poner en riesgo los derechos de agua de los pequeños productores. Aunque la Conagua ha asegurado que las concesiones de menor volumen se revisarán caso por caso para proteger a los campesinos, la UCD teme que la falta de contrapesos y la posible limitación de recursos legales como el amparo dejen indefensos a los productores ante decisiones arbitrarias. La organización convocará a una reunión para presentar sus observaciones y defender lo que consideran derechos históricos.
A nivel estatal, la gestión del agua también es un tema de alta relevancia y conflicto.
En el Estado de México, el gobierno de Delfina Gómez ha emprendido una estrategia para recuperar el control público del agua, afirmando que ha puesto fin a una red de corrupción que permitía a empresas privadas y grupos políticos lucrar con el recurso. La mandataria ha declarado que el agua es un derecho y no un negocio. En contraste, en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos ha negado categóricamente la existencia de un acuerdo con la Federación para ceder agua del estado a Estados Unidos, en un contexto de crisis hídrica y preocupación entre los agricultores locales, evidenciando las tensiones entre los niveles de gobierno.
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