Reforma Hídrica en México: Entre el Control Estatal y la Incertidumbre del Campo



La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el Ejecutivo, busca fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para atender la sobreexplotación de 115 de los acuíferos más importantes del país y el uso irregular del recurso. Sin embargo, sus planteamientos han generado una creciente inconformidad, especialmente en el sector agrícola, que consume el 76% del agua en México y es pilar de la seguridad alimentaria. Los puntos más críticos de la iniciativa son la invalidación de las transmisiones directas de derechos de agua y la posibilidad de que la autoridad disminuya o cancele volúmenes concesionados. Según la reforma, los concesionarios ya no podrían vender o heredar sus derechos; tendrían que devolverlos a un "Fondo del Agua" federal, y la Conagua decidiría su reasignación. Esto ha provocado una gran incertidumbre jurídica entre agricultores y empresarios, quienes temen que la reasignación quede sujeta a criterios discrecionales, afectando el valor de sus tierras y frenando inversiones a largo plazo.
En Chihuahua, la preocupación es particularmente aguda, ya que a la sequía persistente se suma la amenaza regulatoria. Productores de nuez de la región de Jiménez advierten que la ley podría hacer que sus ranchos dejen de ser rentables, pues la no renovación de concesiones o la imposibilidad de reponer pozos agotados significaría la pérdida de inversiones de más de una década. Manuel Rodríguez, presidente de la Unión de Nogaleros de Jiménez, señaló que esto ya ha detenido la compra-venta de nogaleras y la siembra de nuevos árboles. Como respuesta, se han organizado foros de discusión, como el encabezado por legisladores del PRI en Chihuahua, donde productores, abogados y representantes de diversos sectores manifestaron su rechazo. El diputado Rubén Moreira advirtió que la reforma busca el control político del campo y que se votará en bloque por el partido oficial.
Por su parte, líderes campesinos como Mario Lerma han acusado al gobierno de intentar despojarlos de su patrimonio y han anunciado "acciones contundentes".
A pesar de que existen mesas de diálogo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para buscar correcciones, el sector se mantiene escéptico y exige certidumbre para las concesiones actuales.












