Profepa emprende acción legal por tráfico de 774 tortugas en Tijuana

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el hallazgo de 774 tortugas traficadas ilegalmente en el aeropuerto de Tijuana, un acto calificado como delito contra la biodiversidad y de grave daño ambiental.

La Profepa formalizó una denuncia contra quien o quienes resulten responsables por el intento de tráfico de 774 tortugas, descubiertas el pasado 12 de noviembre en el área de paquetería del Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California. El hallazgo se realizó durante una inspección de rutina por parte de elementos de la Guardia Nacional en coordinación con inspectores de la Profepa, quienes detectaron el cargamento que había sido enviado desde el Estado de México. Los ejemplares de vida silvestre eran transportados en condiciones de hacinamiento y maltrato. Cada tortuga estaba envuelta en un calcetín y colocada dentro de cajas de plástico, las cuales se encontraban a su vez en nueve cajas de cartón etiquetadas como "cosméticos". El envío se realizó a través de una empresa comercial de paquetería, cuyo nombre no fue especificado en los artículos.

Las tortugas pertenecen a cinco especies: Kinosternon cora, Kinosternon acutum, Kinosternon cruentatum, Kinosternon integrum y Kinosternon oaxacae.

De estas, tres están catalogadas como sujetas a protección especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. La Profepa señaló que el daño ambiental se configura desde la extracción de los ejemplares de su hábitat, su transporte clandestino y la manipulación negligente, lo que altera su integridad y reduce su tasa de supervivencia.

Estos hechos son considerados delitos contra la biodiversidad, previstos en el artículo 420, fracciones I, IV y V, del Código Penal Federal. Además, constituyen un riesgo grave para la biodiversidad, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente y actúa como coadyuvante en la integración de la carpeta de investigación de la FGR, donde buscará la reparación y compensación del daño ambiental ocasionado.