El campo mexicano enfrenta contrastes entre apoyos gubernamentales y una severa crisis hídrica

Mientras el gobierno federal celebra cifras récord en la entrega de fertilizantes, el sector agrícola mexicano enfrenta severos desafíos por la escasez de agua, especialmente en el norte del país, y debates sobre la viabilidad de las políticas de precios.

El panorama del sector agrícola en México durante 2025 presenta un escenario de contrastes. Por un lado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) reportó un éxito histórico en su programa Fertilizantes para el Bienestar, superando las metas establecidas. Se distribuyeron 1.044 millones de toneladas de insumos, como DAP y urea, beneficiando a 2.15 millones de productores de pequeña y mediana escala en las 32 entidades federativas. Este esfuerzo cubrió 3.54 millones de hectáreas de cultivos estratégicos como maíz, frijol y café, con un enfoque en la justicia social que apoyó a más de 833 mil mujeres y 860 mil derechohabientes de comunidades indígenas, reafirmando el compromiso del gobierno con la autosuficiencia alimentaria.

Sin embargo, esta noticia positiva se ve opacada por la grave crisis hídrica que afecta principalmente al norte del país.

En Chihuahua, los bajos niveles de las presas ponen en riesgo el próximo ciclo agrícola y el cumplimiento del Tratado de Agua de 1944 con Estados Unidos. El diputado federal Álex Domínguez advirtió que la presa La Boquilla se encuentra a solo un 38% de su capacidad, mientras que la presa El Granero, en Ojinaga, no ha recibido aportaciones significativas, lo que limita la planeación para las casi 8 mil hectáreas de su distrito. Ante esta situación, se ha hecho un llamado a las autoridades federales para priorizar el campo chihuahuense y la soberanía alimentaria nacional.

Adicionalmente, existen tensiones dentro del propio sector productivo.

La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) criticó una propuesta del Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano que exige al gobierno la compra masiva de granos a precios elevados. La COUC calificó la iniciativa como un “espejismo técnico y financiero”, argumentando que su costo superaría los 141,400 millones de pesos, más del doble del presupuesto anual de la SADER, y que la logística sería insostenible. En su lugar, la organización instó a buscar soluciones viables como precios de garantía realistas y un diálogo técnico para resolver los problemas estructurales del campo sin generar falsas expectativas.