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La política de confrontación de Rusia en múltiples frentes

En un escenario de reconfiguración geopolítica, el Kremlin enfrenta múltiples frentes que ponen a prueba su influencia global. Desde delicadas negociaciones en Medio Oriente hasta crecientes tensiones con Occidente y una férrea persecución a la disidencia, la política exterior e interior de Rusia se define por la búsqueda de control.
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La diplomacia y la tensión marcaron el primer encuentro en el Kremlin entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder interino de Siria, Ahmed al Sharaa. La reunión se produjo tras el derrocamiento en diciembre de Bashar al Assad, antiguo aliado de Moscú que ahora se encuentra refugiado en Rusia. Sobre la mesa se encuentra una petición de extradición de Al Assad por parte del nuevo gobierno sirio, así como la renegociación de la presencia militar rusa en las bases de Tartus y Hmeimim. Al Sharaa busca una nueva Siria soberana y menos dependiente, mientras Putin, de manera cautelosa, elogió los “vínculos especiales” entre ambas naciones sin mencionar directamente al exmandatario.

Paralelamente, la relación de Rusia con Occidente se torna más hostil. Los servicios de inteligencia alemanes advirtieron al Parlamento que Rusia podría estar preparándose para un conflicto directo con la OTAN antes de 2029, citando incidentes como violaciones del espacio aéreo y operaciones de sabotaje.

La amenaza, según los funcionarios, es actual.

Esta tensión se agrava con la preocupación de Moscú por la posible entrega de misiles Tomahawk de Estados Unidos a Ucrania, un movimiento que el Kremlin considera que podría escalar dramáticamente el conflicto, ya que permitiría a Ucrania alcanzar objetivos dentro de Rusia. En el frente interno, la política del Kremlin se caracteriza por la represión extendida más allá de sus fronteras. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha iniciado una causa penal por terrorismo contra figuras opositoras en el exilio, como el exmagnate Mijaíl Jodorkovski y el excampeón de ajedrez Garry Kaspárov. Esta ofensiva judicial busca neutralizar cualquier crítica, etiquetando la disidencia como una amenaza para el Estado.

La estrategia del gobierno ruso es clara: enviar el mensaje de que ningún crítico está fuera de su alcance, consolidando un control absoluto y silenciando las voces disidentes tanto dentro como fuera del país.

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