Ciberataque a la Fiscalía de Guanajuato: Extorsión, hermetismo y la vulnerabilidad de datos sensibles

Un grupo de hackers autodenominado Tekir APT se ha atribuido un ataque cibernético masivo contra la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, extrayendo presuntamente 250 gigabytes de información sensible y exigiendo un rescate para no hacerla pública. El incidente ha paralizado los sistemas de la dependencia y expuesto su fragilidad en materia de ciberseguridad.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste, enfrenta una grave crisis de seguridad tras sufrir un ciberataque de tipo ransomware que mantiene sus sistemas informáticos inoperantes desde el pasado viernes.

Un grupo internacional sin antecedentes conocidos, que se identifica como Tekir APT, se atribuyó la intrusión y asegura haber extraído y cifrado 250 gigabytes de información, incluyendo identificaciones, expedientes legales y comunicaciones internas.

Los atacantes amenazan con filtrar los datos el próximo 20 de noviembre si la institución no paga un rescate. La respuesta de la FGEG ha estado marcada por el hermetismo. Mientras un comunicado interno dirigido a su personal confirmó la propagación de un “virus” y ordenó desconectar equipos, el comunicado público atribuyó las fallas a un “mantenimiento preventivo”, sin reconocer el ataque externo. Esta falta de una postura oficial detallada ha generado incertidumbre, a pesar de que fuentes internas y la paralización de las operaciones confirman la severidad del incidente, obligando al personal a realizar procedimientos manuales. La vulneración pone en riesgo la información sensible de casi 150,000 víctimas de delitos registradas en los últimos cinco años, cuyos datos personales y detalles de investigaciones estarían comprometidos. Expertos en ciberseguridad, como Diego González Almanza, presidente del Clúster de Tecnologías de la Información de Guanajuato (CLUTIG), califican el hecho como una de las vulneraciones más graves a una institución de justicia en México. González Almanza señaló que el ataque evidencia la falta de preparación de la Fiscalía, que carece de planes de recuperación de desastres y auditorías de seguridad. Según los especialistas, la recuperación de los sistemas podría tardar hasta tres días y el pago del rescate, que podría ascender a 40 millones de pesos, solo garantizaría el acceso a los sistemas encriptados, pero no la recuperación de la información que ya fue robada. El incidente fue advertido inicialmente por la cuenta especializada @H4ckmanac y ha dejado al descubierto la fragilidad digital de una institución clave para la procuración de justicia en el estado.