Conflictos por tarifas y regulaciones vehiculares marcan la agenda del transporte público en México

Diversas ciudades en México enfrentan una jornada de tensiones en el sector del transporte público, marcada por protestas de usuarios contra el alza de tarifas y paros de transportistas en rechazo a nuevas regulaciones.

El servicio de transporte público en varias regiones de México atraviesa una fase de conflicto debido a desacuerdos sobre tarifas, regulaciones y la calidad del servicio. En Puebla, la amenaza de un paro generalizado por parte de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP) para el 3 de febrero no se materializó por completo, resultando en un paro parcial. La protesta surgió en rechazo a los operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte para retirar de circulación a las unidades que no aprobaron la revista vehicular o no completaron el reemplacamiento, cuyo plazo venció el 30 de enero. Según cifras oficiales, más de la mitad de las concesiones incumplieron el trámite.

El gobernador Alejandro Armenta Mier mantuvo una postura firme, afirmando que no cederá a "chantajes" y que se aplicarán las multas correspondientes, aunque aseguró que el diálogo permanece abierto.

Como resultado, las rutas de concesionarios cumplidos operaron con normalidad, mientras que los incumplidores suspendieron el servicio o redujeron la frecuencia de sus unidades para evitar sanciones, afectando a los usuarios con mayores tiempos de espera. En otras localidades, el descontento se centra en el aumento de las tarifas. En El Jobo, Tuxtla Gutiérrez, los pobladores protestaron bloqueando un acceso y reteniendo una unidad para manifestar su inconformidad por un incremento "excesivo" a 14 pesos, cuando la tarifa autorizada en la capital es de 11 pesos.

Los transportistas argumentan que se trata de una ruta suburbana. De manera similar, en Nuevo León, el senador Waldo Fernández criticó el ajuste a las tarifas del Metro y camiones urbanos, señalando que se cobra más a los usuarios sin que exista una mejora tangible en la frecuencia, seguridad o funcionamiento del servicio. En contraste, en Matamoros, Tamaulipas, un reciente aumento de un peso en la tarifa es visto por los transportistas como un alivio que permitirá invertir en la renovación de unidades y la reactivación de al menos nueve rutas que habían dejado de operar por altos costos. Mientras tanto, en otro municipio se busca modificar el Reglamento de Transporte Público para unificar la antigüedad máxima permitida para los camiones con la ley estatal, fijándola en 12 años, un factor que se considerará para futuras alzas tarifarias.