La Ley Epstein: Trump cede a la presión y abre los archivos, pero la transparencia total sigue en duda



Tras meses de oponerse a la medida, el presidente Donald Trump firmó la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los documentos no clasificados del caso del pederasta Jeffrey Epstein en un plazo máximo de 30 días. El cambio de postura del mandatario se produjo después de que la legislación obtuviera un apoyo bipartidista abrumador en el Congreso, volviendo su aprobación inevitable. Trump anunció la firma en su red social Truth Social, donde acusó a los demócratas de usar el caso para “desviar la atención” y afirmó que las revelaciones les afectarían más a ellos, argumentando que Epstein fue “un demócrata de toda la vida”. La nueva ley, denominada Epstein Files Transparency Act, exige a la fiscal general, Pam Bondi, divulgar todos los registros de investigación en poder del Departamento de Justicia sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, lo que incluye correos electrónicos, registros de vuelos, interrogatorios del FBI y comunicaciones internas, un volumen estimado en más de 100,000 páginas. La legislación fue impulsada por una creciente demanda pública de transparencia sobre la red de contactos del financiero, que incluía a políticos, empresarios y celebridades a nivel mundial. A pesar de que el nombre de Trump ha aparecido en documentos previamente revelados, hasta ahora nada lo implica en la comisión de un delito en relación con el caso. Sin embargo, la ley contempla excepciones que han generado escepticismo sobre el alcance real de la divulgación. El Departamento de Justicia puede retener o censurar información que ponga en riesgo la privacidad de las víctimas, contenga material de abuso sexual infantil o esté relacionada con investigaciones activas. Esta última cláusula es motivo de preocupación, ya que Trump ordenó recientemente a Bondi investigar los vínculos de Epstein con sus rivales políticos, como el expresidente Bill Clinton.
Críticos y algunos legisladores temen que esta nueva pesquisa pueda ser utilizada como un pretexto para mantener ocultos documentos clave.
La ley estipula que el gobierno deberá justificar cualquier omisión en un informe al Congreso y prohíbe retener información por motivos de “vergüenza” o “sensibilidad política”.

















