Educación en México: Entre Reconocimientos Federales y Desafíos Estructurales

Mientras la Secretaría de Educación Pública es galardonada por sus prácticas en derechos humanos, persisten profundos debates sobre la legislación educativa estatal y las condiciones laborales y democráticas en la educación superior.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) fue galardonada con el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025, otorgado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la categoría de “Atención a Quejas”. Durante la ceremonia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el premio responde a una política pública, impulsada por la Nueva Escuela Mexicana, que busca hacer de los derechos humanos una práctica cotidiana. Este enfoque, alineado con los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, pone en el centro la dignidad de estudiantes y personal educativo. Luciano Concheiro Bórquez, titular de la AEFCM, afirmó que el galardón es un esfuerzo colectivo que compromete a la institución a reforzar la cultura de la legalidad y asegurar espacios libres de violencia.

Sin embargo, este reconocimiento federal contrasta con los desafíos presentes a nivel estatal y en la educación superior. En Nuevo León, legisladores del partido Morena realizaron observaciones críticas a la propuesta de Ley de Educación local, señalando 13 contradicciones con la ley federal y seis disposiciones que consideran violatorias de los derechos humanos. Las críticas apuntan a la omisión de la perspectiva de género, la exclusión de la menstruación digna y la inclusión de la “objeción de conciencia” por motivos religiosos, lo que vulneraría el derecho a la educación integral de los estudiantes. En el ámbito de la educación superior, un encuentro de académicos en Chihuahua expuso problemáticas estructurales profundas. Se denunció la falta de democracia interna en universidades y tecnológicos, la escasa representación de mujeres en rectorías y el trato injusto a profesores de tiempo parcial, quienes reciben pagos ínfimos sin prestaciones. Asimismo, se manifestó preocupación por el rezago salarial que afecta a académicos y personal administrativo, y por la regresión en proyectos culturales en el estado.

A pesar del potencial de las instituciones para impulsar un nuevo modelo de desarrollo, estos problemas de administración y organización representan limitaciones significativas.