La violencia de género persiste en México pese a esfuerzos institucionales en varios estados

A pesar de esfuerzos institucionales y legislativos en diversos estados, la violencia de género persiste como una crisis estructural en México, donde la impunidad y la falta de recursos amenazan con prolongar esta problemática por décadas.

La violencia contra las mujeres en México es un problema estructural cuya erradicación podría tardar hasta 50 años si no se atienden sus causas profundas, según advirtió la diputada chiapaneca María Mandiola Totoricaguena. En Chiapas, la situación es crítica: el 78% de las mujeres que sufren violencia no denuncian por miedo, dependencia económica o desconfianza en las instituciones, según datos del Inegi. Esta invisibilidad del problema se agrava por una impunidad sistémica, ya que solo una de cada diez carpetas de investigación por violencia familiar llega a sentencia. Además, la entidad ocupa el primer lugar nacional en embarazo adolescente y cuenta con menos de un refugio por cada 100 mil habitantes femeninas, dejando a las víctimas en una situación de alta vulnerabilidad. Frente a este panorama, en otros estados surgen iniciativas para fortalecer las instituciones de apoyo. En Chihuahua, las diputadas Irlanda Márquez (PT) y Nancy Frías (PAN) lograron la reasignación de 1 millón 927 mil 960 pesos del presupuesto del Instituto Estatal Electoral (IEE) al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum). Los recursos se destinarán a la Fiscalía General del Estado para dignificar y homologar los sueldos del personal del Cejum, que incluye psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. La medida, que no compromete las funciones del IEE, busca reconocer su trabajo y mejorar la atención a las víctimas. De manera similar, en Puebla, la Secretaría de las Mujeres ha fortalecido la atención a través de los Centros LIBRE–Casas Carmen Serdán. Durante 2025, estos centros brindaron servicios de orientación psicológica, jurídica y social a más de 163 mil personas. La dependencia también impulsó capacitaciones para la autonomía económica y emocional que beneficiaron a más de 60 mil personas.

A través del programa federal Abogadas de las Mujeres, se ofreció acompañamiento y defensa legal en 634 casos. Si bien las acciones en Chihuahua y Puebla representan esfuerzos concretos para mejorar la respuesta institucional, el diagnóstico de Chiapas evidencia la magnitud de los desafíos. La profunda desigualdad, la desconfianza en el sistema de justicia y la insuficiencia de infraestructura de protección son obstáculos que requieren de una estrategia integral y sostenida para poder revertir una crisis que afecta a miles de mujeres en el país.