Contrastes en Yucatán: Liberación de Especies Protegidas Frente a Daño Ambiental Corporativo

Mientras las autoridades de Yucatán reintegran 90 tortugas a una reserva para fortalecer la vida silvestre, en otro punto del estado la Profepa clausura una granja avícola por causar graves daños a la selva y a un sitio arqueológico maya.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán coordinó la liberación de 90 tortugas en la Reserva Parque Estatal Lagunas de Yalahau, en Homún, con el objetivo de fortalecer las poblaciones silvestres. Los ejemplares, que habían sido rescatados de tenencia inadecuada tras denuncias ciudadanas, pertenecen a dos especies nativas: 70 tortugas Mojina de Monte (Rhinoclemmys areolata), catalogada como amenazada, y 20 tortugas de Guadalupe o Jicotea (Trachemys venusta). La técnica utilizada fue la translocación, un proceso que consiste en trasladar organismos a un sitio alejado de su distribución original para reforzar ecosistemas saludables, siguiendo lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Ambas especies son clave para el equilibrio ecológico, ya que participan en la dispersión de semillas y el control de otras poblaciones. En contraste con esta acción de conservación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la ampliación de una nave avícola de Grupo Crío en el municipio de Kinchil. La medida se tomó tras constatar la afectación de 13.7 hectáreas de selva baja caducifolia y daños parciales en la zona arqueológica maya de Tzemé. La empresa carecía de los permisos de cambio de uso de suelo emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El Consejo Comunitario de Kinchil denunció que los desechos de la granja contaminan el agua y el aire, además de afectar a los apicultores locales por la proliferación de moscas. Este conflicto no es nuevo: en 2024, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya había suspendido obras de la misma empresa por la destrucción de vestigios mayas. Las denuncias contra Grupo Crío por deforestación y operación sin estudios de impacto ambiental se remontan a noviembre de 2021, impulsadas por colectivos de apicultores. A pesar de suspensiones previas, la compañía continuó con su proyecto de expansión.