Divergencia de Visiones: Aumento Salarial y Presión Fiscal Enfrentan a Gobierno y Empresarios

Un reciente anuncio de incremento al salario mínimo en México ha generado un debate sobre el panorama económico del país, enfrentando la celebración de este logro laboral con las advertencias del sector empresarial sobre los crecientes costos operativos y la incertidumbre.

El anuncio de un incremento al salario mínimo para 2026 en México es presentado como un triunfo significativo para la clase trabajadora, un reconocimiento a su esfuerzo a pesar de un contexto de políticas gubernamentales consideradas erráticas. Este logro, sin embargo, es visto solo como un primer paso, ya que persisten desafíos como el costo de vida y la precariedad laboral. Se subraya que este avance es resultado de la lucha de los trabajadores y el esfuerzo de los emprendedores, y se advierte contra su uso como propaganda política por parte del gobierno.

En contraparte, el sector empresarial manifiesta una profunda preocupación por el entorno económico.

El industrial Rodolfo Madero Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Alerta, advierte que las empresas ya enfrentan recortes de personal de hasta un 20% y anticipa un 2026 más complicado debido a la inseguridad, la incertidumbre fiscal y los aumentos salariales y de impuestos. Madero sostiene que los incrementos salariales no deberían ser por decreto, sino basarse en la productividad, y que la falta de certidumbre desincentiva las inversiones.

Esta visión es compartida en foros empresariales en Mazatlán, donde compañías como Bimbo y Venados de Mazatlán discuten su permanencia a pesar de las adversidades. Esta tensión se agudiza en Chihuahua, donde el sector empresarial, a través de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Canaco y Coparmex, ha expresado un rechazo rotundo a la propuesta del gobierno estatal de aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3% al 4%. Argumentan que esta medida afectaría negativamente la creación de empleos, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, e incentivaría la informalidad. Los empresarios señalan que ya enfrentan presiones por la inflación y otras obligaciones laborales, y proponen que el gobierno busque alternativas para obtener recursos, como mejorar la eficiencia del gasto público, en lugar de gravar más al empleo formal.