Ataque con Drones a la Fiscalía de Baja California en Tijuana



La noche del miércoles 15 de octubre, las instalaciones de la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, ubicadas en Playas de Tijuana, fueron blanco de un ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados desde drones. El atentado, ocurrido alrededor de las 19:00 horas, generó una fuerte movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales, quienes acordonaron la zona. Testigos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones y observado a elementos de seguridad disparar hacia el cielo en un intento por derribar los drones que sobrevolaban el área. Horas después del suceso, la FGE confirmó el incidente, informando que una inspección reveló vestigios de artefactos explosivos que causaron daños materiales. El saldo oficial fue de seis vehículos dañados —cuatro particulares y dos oficiales— además de afectaciones en el inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas o fallecidas.
Las autoridades activaron los protocolos de investigación para localizar a los responsables, manteniendo un operativo de búsqueda y patrullaje.
Notablemente, la primera confirmación pública del ataque no provino de una autoridad mexicana, sino del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana. La representación diplomática emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, instándolos a evitar la zona, mantenerse informados a través de medios locales y notificar a sus familiares sobre su situación. La embajada estadounidense en México reiteró la advertencia, subrayando que el ataque representaba una posible escalada de violencia en la región fronteriza. Este evento ha sido calificado como un hecho sin precedentes en los métodos utilizados por la delincuencia organizada en Baja California, marcando una nueva táctica ofensiva. El uso de drones para actividades ilícitas, como el espionaje y el transporte de drogas y explosivos, es una creciente preocupación para las autoridades tanto en México como en Estados Unidos.
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