Organizaciones de prensa condenan el asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz



El periodista Carlos Castro, de 25 años, fue asesinado a balazos la noche del 8 de enero de 2026 en un restaurante en Poza Rica, Veracruz. Castro era el director de la página de Facebook 'Código Norte de Veracruz', especializada en temas de seguridad y nota roja en la región norte del estado, y había colaborado con medios locales como Vanguardia y La Opinión de Poza Rica. Este crimen lo convierte en el undécimo comunicador asesinado desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, y el primero del año 2026. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenaron el homicidio y exhortaron a las autoridades a llevar a cabo una investigación con “celeridad, rigor y total transparencia”, considerando como línea prioritaria la posible relación del crimen con su labor periodística. Arturo Romeu, director de RSF, calificó el hecho como una “señal extremadamente alarmante”, destacando que 2025 ya había sido el año más mortífero para la prensa en México en los últimos tres años. Según la información recabada, Castro había sido amenazado por policías municipales en Poza Rica, lo que motivó su incorporación al mecanismo de protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) en abril de 2024. A raíz del temor por su vida, abandonó temporalmente la ciudad.
Sin embargo, las medidas de protección fueron suspendidas ese mismo año al considerar que el riesgo había sido atendido, y no se reactivaron a su regreso en agosto de 2025. La Secretaría de Gobernación confirmó que el esquema de seguridad no estaba vigente al momento del ataque. La Fiscalía General del Estado de Veracruz ya inició una carpeta de investigación.
El asesinato subraya el peligroso contexto para ejercer el periodismo en México, clasificado por RSF como el segundo país más peligroso para la prensa en 2025, solo después de Gaza. Veracruz es una de las entidades con mayores índices de violencia contra comunicadores, sumando 32 asesinatos desde el año 2000, según Artículo 19.











