El 'Metering' a Examen: La Batalla Legal por el Asilo Llega al Máximo Tribunal de EU



La Corte Suprema de Estados Unidos acordó examinar la legalidad de la política migratoria conocida como 'metering' (medición o dosificación), que permite a las autoridades federales limitar el número de solicitantes de asilo procesados en los puertos de entrada de la frontera con México. Aunque la medida no está vigente, pues fue rescindida por el gobierno de Joe Biden en 2021, la administración de Donald Trump ha solicitado al máximo tribunal que se pronuncie sobre su validez, considerándola una herramienta crucial para la gestión fronteriza. El caso llega a la Corte Suprema después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito declarara ilegal la práctica en 2024, ratificando un fallo anterior. Dicho tribunal argumentó que la ley federal obliga a los agentes a inspeccionar a todos los inmigrantes que "lleguen" a puntos de entrada autorizados, independientemente de si han cruzado físicamente a territorio estadounidense. La administración Trump, a través del procurador general John Sauer, rechaza esta interpretación, sosteniendo que una persona "llega" a un país solo cuando entra dentro de sus fronteras y que el fallo del Noveno Circuito priva al Ejecutivo de una herramienta vital para evitar la saturación en la frontera. La demanda original fue presentada en 2017 por solicitantes de asilo y la organización proinmigrante Al Otro Lado. Los defensores de los migrantes argumentan que el 'metering' fue una "estrategia ilegal" para eludir la obligación de procesar las solicitudes de asilo. Afirman que la política dejó a miles de personas, incluyendo familias y niños vulnerables, atrapadas en condiciones peligrosas en México, expuestas a secuestros, agresiones violentas e incluso la muerte. La ley estadounidense permite que cualquier persona que pise suelo del país pida asilo si demuestra persecución en su nación de origen.
El 'metering' se implementó por primera vez durante la administración de Barack Obama y fue expandido por el gobierno de Trump. Se espera que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, escuche los argumentos el próximo año y emita una decisión final para finales de junio de 2026. Esta revisión se enmarca en una política migratoria más amplia de la administración Trump, que ha priorizado la deportación y la reducción de cruces fronterizos, llegando a redirigir recursos de otras áreas de seguridad nacional.













