Ofensiva Petrolera de Trump: Un Desafío Político y Ambiental en las Costas de EE. UU.

La administración Trump ha revelado un ambicioso plan para expandir masivamente la perforación petrolera en aguas federales, abriendo zonas frente a California y Florida por primera vez en décadas. Esta medida no solo revierte políticas climáticas previas, sino que también desata una confrontación directa con estados y ambientalistas.

El gobierno de Donald Trump anunció un plan quinquenal para el arrendamiento de petróleo y gas en altamar, considerado el más ambicioso en décadas, con el objetivo de alcanzar la “dominancia energética”. La propuesta, presentada por el Departamento del Interior, contempla hasta 34 subastas en aguas federales entre 2026 y 2031, abarcando una superficie de 500 millones de hectáreas. Las áreas incluidas son estratégicas y controvertidas: hasta seis ventas frente a la costa del sur de California, dos en el este del Golfo de México (frente a Florida) y 21 frente a Alaska, en zonas que nunca han sido perforadas. El Secretario del Interior, Doug Burgum, justificó la medida como una forma de revertir las políticas de la administración Biden, que, según afirmó, “frenó en seco” la producción marítima estadounidense. El plan busca, en sus palabras, garantizar que la industria se mantenga fuerte y que la nación continúe siendo un líder energético. Esta estrategia se enmarca en un giro político que desprecia la transición global hacia energías renovables, a las que Trump ha calificado de “engaño”, y se aleja de los acuerdos climáticos internacionales, como lo demostró la ausencia de una delegación oficial en la COP30 en Brasil. La propuesta ha generado una fuerte resistencia interna, especialmente en California.

El gobernador Gavin Newsom calificó el plan de “idiota” y “peligroso”, asegurando que está “condenado al fracaso” y prometió bloquear cualquier intento de perforación. Varios análisis coinciden en que incluir a California, donde no hay nuevos arrendamientos federales desde mediados de la década de 1980, es una provocación política deliberada contra Newsom y la identidad ambiental del estado. Se interpreta más como una “declaración de guerra cultural” que como una política energética pragmática, dado que el beneficio energético de la costa del Pacífico es limitado en comparación con el alto costo ambiental. En Florida, políticos de ambos partidos se han opuesto históricamente a la perforación por temor a que un derrame de petróleo devaste su industria turística.

El plan enfrenta un camino incierto, con previsibles litigios y bloqueos administrativos.

Más allá de los beneficios económicos argumentados por sus defensores, como la creación de empleos y la independencia energética, el debate expone una tensión sobre el futuro de Estados Unidos y su papel en el liderazgo climático global, apostando por un modelo de extracción que gran parte del mundo industrializado está abandonando.