La administración Trump gastó millones de dólares para deportar inmigrantes a terceros países según un informe

Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha revelado un polémico y costoso programa de la administración Trump. El gobierno estadounidense gastó decenas de millones de dólares para deportar a un pequeño número de migrantes a países con los que no tenían conexión, en una práctica marcada por la ineficacia y la falta de supervisión.

La administración del presidente Donald Trump gastó al menos 40 millones de dólares para deportar a aproximadamente 300 migrantes a terceros países, según una investigación del personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El informe detalla que se pagaron más de 32 millones de dólares directamente a cinco gobiernos extranjeros para que aceptaran a estos deportados, con los que no tenían ninguna conexión. Los costos por persona resultaron ser exorbitantes, como en el caso de Ruanda, que recibió 7.5 millones de dólares para acoger a solo siete personas, lo que equivale a aproximadamente 1.1 millones de dólares por cada una. La investigación cuestiona la efectividad del programa, ya que más del 80% de los migrantes enviados a estos países ya han regresado a sus naciones de origen o están en proceso de hacerlo, lo que en ocasiones implica un doble gasto para los contribuyentes estadounidenses. Aunque la administración defiende la práctica argumentando que se aplica a individuos que sus propios países se niegan a recibir, el informe presenta casos en los que los gobiernos de origen, como Jamaica y México, estaban dispuestos a aceptar a sus ciudadanos o no fueron contactados adecuadamente. Además, se señala que la táctica podría ser una forma de intimidación para fomentar la autodeportación.

El informe también denuncia una grave falta de supervisión sobre los fondos entregados a gobiernos con altos índices de corrupción, como Guinea Ecuatorial, y plantea serias preocupaciones sobre derechos humanos. Por ejemplo, más de 250 venezolanos fueron enviados a El Salvador y detenidos en la prisión CECOT, donde existen denuncias de tortura.

Quizás el acuerdo más controvertido es con Irán, para deportar a 400 ciudadanos, incluyendo disidentes políticos y minorías religiosas que temían por sus vidas al regresar.

Finalmente, la investigación sugiere que la administración podría estar utilizando estas deportaciones para eludir la legislación migratoria estadounidense.

Muchos de los migrantes contaban con protecciones judiciales que impedían su envío a sus países de origen por riesgo de persecución o muerte.

Al enviarlos a un tercer país, que posteriormente los devuelve a su nación, el gobierno estaría "haciendo indirectamente lo que no puede hacer directamente", según citó un juez federal.

Un portavoz del Departamento de Estado defendió el programa como parte del "trabajo sin precedentes" para hacer cumplir las leyes de inmigración.