Banca Mexicana Refuerza Defensas: Identificación Obligatoria para Frenar Flujo de Efectivo Ilícito



La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que, a partir del 1 de julio de 2026, las instituciones bancarias del país solicitarán una identificación oficial y al menos un dato biométrico a cualquier persona que realice depósitos o retiros en efectivo por un monto igual o superior a 140 mil pesos. Esta medida, que se aplicará en las ventanillas de todas las sucursales, forma parte de un conjunto de prácticas autorregulatorias acordadas internamente por el sector. Emilio Romano, presidente de la ABM, aclaró que esta iniciativa no responde a una solicitud de autoridades locales o extranjeras, sino que es una decisión interna para mejorar los protocolos de seguridad. Los objetivos principales son fortalecer la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento de actividades ilícitas, frenar fraudes, reducir el uso de efectivo en la economía y fomentar la digitalización de los pagos para asegurar la estabilidad del sistema financiero mexicano. Este anuncio se produce en un contexto de escrutinio internacional, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a tres entidades financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico de fentanilo. A raíz de estas investigaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones a dichas instituciones por más de 185 millones de pesos.
Romano precisó que, según la información recibida, solo estas tres entidades están implicadas en esa investigación particular.
Además de la identificación en ventanilla, la ABM recomendó otras acciones para blindar al sistema financiero. Entre ellas se incluye limitar las transferencias internacionales para que solo se realicen entre cuentahabientes registrados, garantizando así su trazabilidad, y la adopción de una plataforma de intercambio de información en tiempo real para detectar operaciones sospechosas. Estas prácticas buscan alinear los estándares de México con los de sus socios comerciales y mejorar la reputación del país en la prevención de delitos financieros.
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