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Ofensiva contra el 'Huachicol' de Agua: Autoridades Desmantelan Redes Criminales en el Estado de México

Autoridades de los tres órdenes de gobierno han lanzado un megaoperativo sin precedentes en el Estado de México para combatir el robo y la venta ilegal de agua, un delito conocido como 'huachicoleo' que afecta a millones de ciudadanos y es controlado por redes criminales.

Un operativo simultáneo de gran escala fue desplegado en 48 municipios del Estado de México para combatir la extracción, distribución y venta ilegal de agua potable. La acción coordinada involucra a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales, con el apoyo de la Conagua y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). El objetivo es desmantelar cerca de 200 puntos de extracción ilegal, entre pozos y tomas clandestinas, que afectan el suministro a la población y la infraestructura hídrica. El fenómeno, conocido como 'huachicol de agua', es operado por organizaciones delictivas, algunas de las cuales se presentan como sindicatos u organizaciones sociales. Las autoridades han identificado a grupos como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, Libertad y La Chokiza.

Estas redes explotan pozos y conexiones ilegales en zonas con abastecimiento limitado para comercializar el líquido mediante pipas a precios abusivos, que oscilan entre 1,500 y 2,000 pesos, muy por encima del costo oficial.

En Ecatepec, uno de los municipios más afectados, se implementó el 'Operativo Neptuno', que contó con la participación de casi 300 elementos y resultó en el aseguramiento de nueve inmuebles, nueve tomas clandestinas y un pozo. Se estima que en esta localidad el robo de agua perjudicaba a cerca de un millón de habitantes.

Municipios como Nezahualcóyotl, Toluca, Tecámac y Tlalnepantla también se encuentran entre los puntos más vigilados.

Las autoridades han reafirmado que estas acciones se realizan en estricto apego a la ley con el fin de garantizar el acceso justo al agua. El Código Penal del Estado de México, reformado en 2022, sanciona este delito con penas de dos a seis años de prisión.

Se anticipa que los grupos criminales afectados podrían organizar manifestaciones como respuesta, mientras que la Fiscalía subraya la importancia de la denuncia ciudadana para erradicar esta práctica.