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Impuesto a bebidas azucaradas: Postura del gobierno y preocupaciones del sector privado

La presidenta Claudia Sheinbaum defiende el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas como una medida de salud pública, desestimando las advertencias del sector privado sobre posibles consecuencias económicas negativas.
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La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido firmemente el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas, incluyendo refrescos y sueros orales, argumentando que el objetivo principal es reducir su consumo por motivos de salud pública. Según la mandataria, está científicamente demostrado que el consumo excesivo de estos productos causa daños a la salud, por lo que la medida fiscal busca desincentivar su compra. Los fondos recaudados se destinarán a la atención de enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

Sheinbaum desestimó las preocupaciones expresadas por el sector privado, calificándolas como carentes de sustento. Negó que el impuesto vaya a provocar el cierre masivo de "tienditas", la pérdida de empleos o la creación de un mercado negro para estos productos. Aunque reconoció la inquietud de los comerciantes, la presidenta afirmó que el gobierno mantiene diálogos con la industria y la Secretaría de Salud para promover el consumo de bebidas más saludables como una alternativa. Para respaldar su postura, el gobierno presentó una encuesta que indica que el 88% de los mexicanos considera que los refrescos son "muy dañinos". Además, el 54% apoya un impuesto más alto para reducir su consumo y un 49% dejaría de comprarlos si su precio aumentara. La propuesta, incluida en el Paquete Económico 2026, busca elevar la tasa del IEPS en un 87% a 3.08 pesos por litro, además de incluir un nuevo gravamen a bebidas con edulcorantes no calóricos. El objetivo es reducir el consumo hasta en un 7% y recaudar 41,000 millones de pesos.

En contraparte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha advertido sobre graves consecuencias económicas. Según la organización, la medida podría ocasionar el cierre de 60,000 pequeños negocios y la pérdida de 120,000 autoempleos en todo el país, además de fomentar el contrabando. A pesar de estas advertencias, la Secretaría de Hacienda sostiene que la iniciativa no es recaudatoria, sino una acción preventiva para fortalecer los recursos del sector salud.

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