Alianzas Estratégicas y Reformas Financieras: Gobiernos Locales Impulsan la Profesionalización y Sostenibilidad de Servicios Públicos

Diversas entidades gubernamentales en México están forjando alianzas estratégicas con instituciones académicas y organismos de certificación para profesionalizar servicios clave. Simultáneamente, se proponen ajustes fiscales para garantizar la viabilidad financiera de sectores como la educación y la infraestructura.

En un esfuerzo por mejorar la gestión pública, gobiernos locales en distintos estados del país están implementando iniciativas para profesionalizar sus servicios y asegurar su sostenibilidad financiera. En Puebla, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSLMP) ha marcado un precedente nacional al instalar el primer Comité de Gestión por Competencias en Residuos, en colaboración con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Esta iniciativa pionera busca certificar formalmente las habilidades del personal involucrado en el manejo de residuos, desde la recolección hasta la disposición final, con el objetivo de establecer un modelo replicable que garantice procesos más eficientes, seguros y sostenibles. La colaboración con el sector académico es otra vertiente clave de esta tendencia. También en Puebla, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) firmó un convenio con la Universidad Iberoamericana Puebla que permitirá a los estudiantes realizar su servicio social y prácticas profesionales en el organismo hasta diciembre de 2030. Esta alianza busca fortalecer la formación de los jóvenes con experiencia en escenarios reales y, al mismo tiempo, reforzar la atención a poblaciones vulnerables. De manera similar, en Hidalgo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderh) estableció un acuerdo con la FES Aragón de la UNAM para impulsar la investigación, la innovación y la formación profesional en el sector agropecuario, respondiendo a los desafíos del campo hidalguense con conocimiento aplicado. Paralelamente, en el ámbito financiero, el gobierno de Chihuahua ha propuesto en su Paquete Económico 2026 una serie de ajustes para fortalecer sectores estratégicos.

Entre las medidas se incluye la homologación del impuesto universitario al 6 % para garantizar la viabilidad de la UACH y la UACJ ante la reducción de recursos federales. Además, se plantea actualizar la aportación a la Cruz Roja mediante su conversión a Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para proteger su valor y añadir una contribución para el Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.

Según funcionarios estatales, estas medidas son necesarias para financiar obra pública y mantener la competitividad del estado.