Tribunal de Chihuahua no ha sido notificado sobre la situación jurídica de César Duarte

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua comunicó que desconoce oficialmente el estatus del exgobernador César D. J. tras su traslado a un penal federal, una situación que impide la revisión de sus medidas cautelares.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua informó, a través de un comunicado, que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial sobre el estatus jurídico del ciudadano César D. J. Esto ocurre después de que el exmandatario fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, conocido como "Altiplano", ubicado en el Estado de México.

La falta de esta comunicación formal impide que las autoridades judiciales locales puedan dar el seguimiento adecuado al proceso. El Poder Judicial estatal señaló que, en una acción anticipada, el Juez de Control de Chihuahua a cargo de la Causa Penal 3041/2019 solicitó formalmente información desde el pasado 9 de diciembre. Dicha solicitud fue dirigida a la Juez Penal Federal con el objetivo de obtener datos oficiales precisos sobre la situación legal del imputado y, fundamentalmente, sobre cómo se está llevando a cabo la vigilancia de las medidas cautelares que le fueron impuestas. Uno de los puntos centrales de la situación actual es el dispositivo de rastreo electrónico que portaba César D. J. como parte de sus medidas cautelares. Se dio a conocer que el director del penal del Altiplano argumentó que el localizador interfiere con los equipos de las instalaciones. Ante esto, el TSJ fue claro al indicar que el retiro de dicho dispositivo requiere una orden expresa del Juez local que originalmente impuso la medida, ya que no puede ser removido unilateralmente por la autoridad penitenciaria federal. Por lo tanto, el tribunal chihuahuense se encuentra a la espera de recibir la notificación oficial para poder analizar la nueva situación y, en su caso, fijar una fecha para una audiencia de revisión de medidas cautelares. Este trámite, descrito como un proceso de coordinación institucional y administrativa, es considerado esencial para garantizar la certeza jurídica y el correcto seguimiento del proceso legal que enfrenta el exgobernador.