La Auditoría Superior de Chihuahua presenta 29 denuncias penales por falsificación de documentos

La revisión de la Cuenta Pública 2024 en Chihuahua destapó un esquema de fraude en el que proveedores y contratistas utilizaron documentación falsa para adjudicarse contratos gubernamentales, lo que derivó en múltiples acciones legales.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua promovió 29 denuncias penales y 75 denuncias administrativas por faltas graves tras la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. El eje de estas acciones es la presunta falsificación o alteración de documentos por parte de proveedores y contratistas para obtener contratos públicos, principalmente en procesos de licitación. Según el Informe General de Resultados, la ASE detectó un esquema recurrente donde los particulares simulaban cumplir con requisitos legales y financieros.

Entre las principales irregularidades se encuentra la alteración de opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, estatales y del IMSS.

Al verificar los documentos, se encontró que los códigos QR redirigían a datos de otras empresas, a páginas genéricas o simplemente no funcionaban. En otros casos, las instituciones emisoras confirmaron que los folios eran inexistentes en sus bases de datos.

Además, se documentó la simulación de capacidad técnica y financiera.

Las prácticas fraudulentas se concentraron en diversas dependencias.

El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) encabeza la lista con 12 denuncias penales. Le siguen la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, cada uno con tres denuncias, entre otras entidades. Un caso detallado es el de la JMAS de Chihuahua, que enfrenta tres denuncias penales contra los proveedores Impulsa Ingeniería S.A. de C.V., Francisco José Álvarez Ituarte y Rafael Adrián Manzo Hernández, por contratos que suman aproximadamente 1.87 millones de pesos. La JMAS también tiene un procedimiento administrativo por la falta de amortización de un anticipo.

El organismo argumentó haber actuado de buena fe.

Para la ASE, estos hallazgos marcan un cambio de criterio, considerando la falsificación de documentos un delito penal y no solo una falta administrativa.