Transporte Público en México: Entre la Modernización Tecnológica y el Conflicto Gremial

Diversas ciudades en México presentan un panorama de contrastes en sus sistemas de transporte público, donde las iniciativas de modernización y seguridad conviven con profundas disputas entre los servicios tradicionales y las plataformas digitales.

El transporte público en varias regiones de México atraviesa una fase de transformación y conflicto.

Mientras algunas ciudades apuestan por la tecnología para mejorar la seguridad y la experiencia del usuario, otras enfrentan tensiones entre los gremios de taxistas y los conductores de aplicaciones digitales. En materia de innovación, Saltillo, Coahuila, se prepara para lanzar en diciembre una aplicación móvil llamada “Aquí Vamos Gratis”, que permitirá a los usuarios conocer en tiempo real los trayectos y horarios de las rutas troncales, con planes de integrar las rutas alimentadoras en 2026 para ampliar la cobertura a zonas desatendidas. Por su parte, en Aguascalientes se ha implementado un programa de seguridad que conecta tanto a taxis como a vehículos de plataformas como Didi y Uber al centro de comando C5i. Las unidades equipadas con un botón de alerta silenciosa, identificadas con una calca de “Taxi Seguro”, pueden reportar emergencias para una respuesta inmediata de las autoridades, buscando garantizar trayectos más seguros para conductores y pasajeros.

En Ciudad Juárez, el enfoque se ha centrado en la accesibilidad.

Durante octubre y noviembre, los Centros de Atención Móvil (CAM) del sistema JuárezBus han atendido a más de 1,200 ciudadanos, facilitando la emisión, renovación y reposición de tarjetas preferenciales para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. Estos módulos itinerantes, con horarios definidos, ofrecen la renovación de forma gratuita y la emisión o reposición por un costo de 30 pesos. En contraste, la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río es escenario de un conflicto abierto.

Taxistas concesionados han realizado manifestaciones para exigir a las autoridades que continúen los operativos contra los vehículos particulares que ofrecen servicio a través de aplicaciones, argumentando que operan de manera ilegal. Los taxistas piden “piso parejo” y sugieren que quienes deseen trabajar con apps adquieran una concesión.

La tensión escaló después de que conductores de plataformas bloquearan puentes en protesta por la incautación de un vehículo y la imposición de una multa superior a los 100,000 pesos. Aunque se han realizado reuniones con la Secretaría de Gobernación, los acuerdos alcanzados no se han hecho públicos.