Estados Unidos prohíbe la entrada a funcionarios europeos y desata una crisis con la Unión Europea



La administración del presidente Donald Trump prohibió la entrada a Estados Unidos a cinco ciudadanos europeos, entre ellos el excomisario de la UE Thierry Breton, acusándolos de presionar a empresas tecnológicas estadounidenses para censurar opiniones norteamericanas. La medida, anunciada el 23 de diciembre, fue calificada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como una respuesta a los "actos atroces de censura extraterritorial" liderados por "ideólogos en Europa". Además de Breton, la prohibición afecta a Imran Ahmed, del Centro para Contrarrestar el Odio Digital; Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, de la organización alemana HateAid; y Clare Melford, del Índice Global de Desinformación. La acción se basa en una nueva política de visas de Estados Unidos para restringir la entrada a extranjeros considerados responsables de la censura de discursos protegidos en el país. El Departamento de Estado de EE. UU. se refirió a los sancionados como "agentes del complejo industrial de la censura global" y a Breton como el "cerebro" detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE. La Unión Europea, Francia y Alemania condenaron enérgicamente la decisión. El presidente francés, Emmanuel Macron, la calificó de "intimidación y coerción destinadas a socavar la soberanía digital europea".
La Comisión Europea advirtió que podría responder "rápida y decisivamente para defender nuestra autonomía regulatoria contra medidas injustificadas".
Los líderes europeos defendieron la DSA como una normativa adoptada de manera democrática y soberana para garantizar una competencia justa y un entorno en línea más seguro, asegurando que lo que es ilegal fuera de línea también lo sea en línea. Por su parte, Thierry Breton desestimó las acusaciones comparándolas con una "caza de brujas de McCarthy" y recordó que la DSA fue aprobada por unanimidad por los 27 estados miembros de la UE. Este enfrentamiento evidencia una profunda divergencia entre la visión estadounidense de libertad de expresión casi absoluta y el modelo regulatorio europeo que busca proteger a los usuarios de contenidos dañinos y la desinformación.














