La promesa de Trump: un bono de $2,000 financiado por aranceles bajo escrutinio judicial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de otorgar un bono de 2,000 dólares a la mayoría de los ciudadanos, financiado con los ingresos de los aranceles impuestos a otros países. Esta propuesta surge en un momento de tensión, mientras el Tribunal Supremo delibera sobre la legalidad de dichas medidas comerciales.

A través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump prometió la entrega de un “dividendo arancelario” de al menos 2,000 dólares para cada ciudadano estadounidense, excluyendo a las personas con ingresos más altos.

Según el mandatario, esta medida es posible gracias a los “billones de dólares” recaudados por los aranceles, los cuales, afirma, también han permitido elevar los planes de pensiones 401(k) a niveles históricos, generar una inversión récord en plantas y fábricas dentro del país y, por primera vez, comenzar a reducir la deuda nacional. El anuncio se produce en un contexto judicial complejo, ya que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado dudas sobre la legalidad de los aranceles implementados por la administración. El tribunal analiza si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) otorga al presidente la autoridad para imponer estas tarifas sin la aprobación del Congreso, una facultad que la Constitución reserva al poder legislativo. En respuesta, Trump defendió sus poderes presidenciales, calificando de “tontos” a quienes se oponen a su política arancelaria y argumentando que su autoridad para detener todo el comercio con un país implica la facultad de imponer medidas menores como los aranceles. Para financiar la propuesta, el gobierno se basa en cifras como los 151 mil millones de dólares recaudados por aranceles entre abril y octubre, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable. Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estimó que los ingresos podrían alcanzar los 500 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, la iniciativa aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, en medio de un cierre de gobierno que supera los 40 días. Críticos y economistas advierten que los aranceles suelen trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos, lo que podría anular el beneficio del bono, además de representar un desafío presupuestario.