Pensión bajo la lupa: La FGR lleva a tribunales a María Amparo Casar en un caso que entrelaza lo legal y lo político

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado un proceso penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por presuntas irregularidades en la obtención de una pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos (Pemex), un caso que ha generado un significativo debate público y político.

La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra María Amparo Casar por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. La académica y presidenta de MCCI ha sido citada a comparecer el próximo 16 de diciembre ante la jueza Diana Selene Medina Hernández, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, para la formulación de la imputación formal. La acción legal fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, ahora bajo la dirección de Ernestina Godoy.

El caso se origina en una denuncia presentada por Pemex en 2023, cuando era dirigido por Octavio Romero Oropeza.

La paraestatal alega que la pensión post-mortem, otorgada a Casar desde enero de 2005, es un cobro indebido. El argumento central de Pemex es que el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004, fue un suicidio y no un accidente de trabajo, lo que invalidaría el beneficio.

Además, se señala que Márquez Padilla solo laboró 129 días en la empresa.

El presunto daño patrimonial a Pemex se estima en 31 millones de pesos, por pagos mensuales de aproximadamente 125 mil pesos. En marzo de 2024, Pemex suspendió unilateralmente el pago de la pensión, lo que llevó a Casar a tramitar un juicio de amparo. Un juez federal le concedió una suspensión y ordenó a la petrolera reanudar los pagos, al resolver que el derecho no puede ser suspendido por el patrón una vez que ha sido activado.

A pesar de esta resolución judicial, la FGR ha decidido judicializar la investigación. El caso escaló al ámbito público en mayo de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador expuso el tema y acusó a Casar de haber gestionado la alteración del acta de defunción. Partidarios de Casar, como el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, han calificado el proceso como una persecución política y una venganza por el trabajo de MCCI.

Al no ser considerado un delito grave, en caso de ser vinculada a proceso, Casar podría seguir su juicio en libertad.