Venezuela aprueba una reforma petrolera que abre el sector a la inversión privada

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una histórica reforma a su Ley de Hidrocarburos, abriendo su industria petrolera, controlada por el Estado durante décadas, a la inversión privada nacional y extranjera. La medida busca atraer capital para impulsar la producción en un nuevo contexto político para el país.

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta legislación, sancionada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, representa un cambio radical respecto a la nacionalización del sector en 2007, al permitir que empresas privadas asuman un mayor control operativo en la industria, relegando a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a un papel secundario. La reforma se produce en un contexto de alta presión por parte de Estados Unidos. Según los artículos, el cambio legislativo se aceleró tras la captura del líder Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses este mes, lo que llevó a Delcy Rodríguez a cumplir con las exigencias de Washington para abrir el sector. Poco después de la aprobación de la ley, el gobierno de Donald Trump anunció que reduciría las sanciones impuestas a la industria petrolera venezolana, eliminando restricciones a la compra y exportación de su crudo. Entre los cambios clave, la nueva ley otorga a las empresas extranjeras control operativo sobre los proyectos, flexibiliza el pago de regalías e impuestos al gobierno y permite resolver disputas en instancias de arbitraje internacional, lo que ofrece mayores garantías jurídicas a los inversores. Además, la Asamblea Nacional pierde la autoridad para aprobar los contratos petroleros, concentrando esa facultad en el Ministerio de Hidrocarburos. Se espera que la reforma impulse la producción de petróleo entre 200.000 y 300.000 barriles diarios y fomente un crecimiento económico de hasta el 15%, según el economista Alejandro Grisanti.

La medida ha generado reacciones diversas. Mientras el gobierno la celebra como un paso que disparará la producción, críticos como el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, la consideran una anulación de las “conquistas nacionales” del chavismo. Expertos y potenciales inversores se muestran cautelosos, señalando que la historia de expropiaciones en el país podría disuadir a grandes empresas y que la reconstrucción de la confianza tomará tiempo.