Venezuela aumenta sus exportaciones de crudo y envía su primer cargamento de gas licuado

La industria energética de Venezuela registró un notable impulso a principios de año, marcado por un aumento significativo en los envíos de crudo y un hito con su primera exportación de gas licuado de petróleo.

Las exportaciones de crudo de Venezuela mostraron una importante recuperación en enero, alcanzando los 800,000 barriles por día (bpd), un aumento considerable en comparación con los 498,000 bpd registrados en diciembre. Este incremento se produce en un contexto donde las sanciones han provocado la acumulación de más de 40 millones de barriles de crudo y combustible que no habían podido ser exportados. Paralelamente, el país marcó un hito histórico en su industria energética al exportar su primer cargamento de gas licuado de petróleo (GLP). La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el 1 de febrero de 2026 que el buque Chrysopigi Lady zarpó con el cargamento, calificando el evento como un logro posible gracias al esfuerzo de los trabajadores de la estatal petrolera PDVSA. Este avance se produce después de que, durante años, toda la producción de GLP se destinara al mercado interno, por lo que la capacidad de exportar sugiere que la demanda doméstica ha sido satisfecha. A pesar de la relevancia del anuncio, las autoridades venezolanas no han especificado detalles clave sobre la operación, como el destino del buque, el comprador, el volumen total de la carga o las condiciones del convenio de comercialización, el cual fue suscrito semanas antes. Esta primera exportación es el resultado de meses de gestiones del gobierno para reactivar la comercialización de gas en medio de las sanciones que afectan al sector desde 2019. Este nuevo panorama para la industria de hidrocarburos venezolana está respaldado por una reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La modificación, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, busca incentivar la llegada de capital privado y extranjero, permitiendo su participación en actividades primarias como exploración, extracción, transporte y almacenamiento. Además, la nueva ley contempla mecanismos como la mediación y el arbitraje para la resolución de controversias, ofreciendo mayor seguridad a los inversores.