Venezuela suspende acuerdos de gas con Trinidad y Tobago por presunta colaboración con Estados Unidos



El gobierno de Venezuela anunció la terminación inmediata de todos los contratos y negociaciones para el suministro de gas natural a Trinidad y Tobago. La decisión se fundamenta en la acusación de que el gobierno trinitense participó en el "robo de petróleo venezolano" el pasado 10 de diciembre, cuando fuerzas militares de Estados Unidos incautaron el buque petrolero Skipper, que transportaba 1.9 millones de barriles pertenecientes a la estatal PDVSA. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, calificó el hecho como un "acto de piratería" y una grave violación del derecho internacional. Caracas acusó directamente a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de mantener una "agenda hostil" y actuar con "vasallaje" hacia Estados Unidos. Según las autoridades venezolanas, Persad-Bissessar ha permitido la instalación de radares militares estadounidenses en su territorio y ha autorizado el uso de sus aeropuertos para operaciones logísticas de las fuerzas norteamericanas, convirtiendo a su país en un "portaaviones estadounidense para agredir a Venezuela".
En respuesta, la primera ministra trinitense declaró no sentirse "perturbada" y sugirió a Venezuela dirigir sus quejas al presidente estadounidense, Donald Trump.
Esta suspensión se enmarca en una campaña de presión de la administración Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, justificándola como una operación antidrogas.
Estas acciones han resultado en la destrucción de una veintena de lanchas y la muerte de más de 80 personas, a quienes Washington califica de "narcoterroristas". Una alta funcionaria de la Casa Blanca afirmó que el presidente Trump busca continuar con la destrucción de embarcaciones "hasta que Maduro se rinda". La estrategia estadounidense también incluye acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro, a quien vinculan con el llamado "Cartel de los Soles", y la reactivación de la Doctrina Monroe para contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región. La situación se complica con el embargo petrolero que Estados Unidos impuso a Venezuela desde 2019, obligando al país a vender su crudo en el mercado negro.
Adicionalmente, la Unión Europea decidió prorrogar hasta enero de 2027 las sanciones contra integrantes del gobierno venezolano, citando "persistentes acciones que socavan la democracia" y "continuas violaciones de los derechos humanos".



















