
Indignación y Acciones Legales por Casos de Maltrato Animal en el Norte de México



En Ciudad Juárez, Chihuahua, Luis Eduardo R. G., de 25 años, fue vinculado a proceso por el delito de maltrato animal tras golpear y colgar de un árbol a su perrita pitbull, llamada “Canelita”, en la colonia Chaveña.
La agresión, presenciada por vecinos, fue denunciada a la policía, que detuvo al acusado y rescató al animal. Debido a la gravedad de sus lesiones, que incluían traumatismo craneoencefálico y hemorragias internas, personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal decidió aplicarle la eutanasia. Un juez de control dictó prisión preventiva para el imputado en el Cereso 3 y fijó un plazo de entre dos y tres meses para la investigación complementaria. El caso de “Canelita” generó protestas de activistas de organizaciones como “Un Millón de Esperanzas” y la Asociación Protectora de Animales de la Calle, quienes exigieron justicia. Los manifestantes piden que se aplique la pena máxima de dos años de prisión para sentar un precedente. Además, hicieron un llamado a la tenencia responsable de mascotas, subrayando que implica cuidados médicos, alimentación y atención. Paralelamente, en Piedras Negras, Coahuila, se investiga otro caso de maltrato animal después de que se difundiera un video en redes sociales mostrando a trabajadores municipales arrojando decenas de perros muertos en el relleno sanitario.
La Fiscalía General del Estado ha recibido tres denuncias formales y la Agencia Especializada en Crueldad Animal ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades, citando a declarar a los empleados municipales involucrados.
En respuesta, el diputado Jorge Valdés Flores, del PVEM, presentó una denuncia penal y un punto de acuerdo en el Congreso de Coahuila. Exige la destitución de los funcionarios que ordenaron y ejecutaron el acto, así como la creación de un reglamento municipal de protección animal. El legislador recordó que el Código Penal de Coahuila contempla penas de dos a seis años de prisión por este delito, y señaló que la incorrecta disposición de los cadáveres también representa un riesgo sanitario.
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