La Extorsión Asfixia la Frontera Norte: Inversiones y Empleos en Jaque por la Inseguridad



La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la inseguridad en la franja fronteriza norte se ha convertido en una amenaza directa para el crecimiento económico de México. Según datos del sector patronal, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8,585 víctimas de extorsión a nivel nacional, lo que representa un aumento del 5.2% en comparación con el mismo periodo de 2024. La situación es particularmente alarmante en los 43 municipios fronterizos, donde el delito creció un 15.2%, concentrando el 11.8% del total de casos del país.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son las más afectadas por delitos como el cobro de piso y las amenazas, que las obligan a cerrar, reubicarse o trabajar en un clima de miedo. La Coparmex destacó la gravedad del subregistro de este delito, con una "cifra negra" que alcanza el 97%, lo que implica que solo tres de cada 100 casos son denunciados y atendidos por las autoridades. Cifras de la Estrategia Nacional Antiextorsión, entre julio y septiembre de 2025, reportaron 59,283 llamadas relacionadas, de las cuales casi 6,000 fueron consumadas o derivaron en una carpeta de investigación.
La frontera norte, que abarca 3,200 kilómetros a través de seis estados estratégicos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), es el principal motor exportador del país.
Sin embargo, esta región enfrenta graves desafíos por el tráfico ilegal de personas y mercancías, el contrabando y las disputas territoriales entre grupos criminales.
Esta combinación de factores incrementa la violencia, al punto que uno de cada cuatro asesinatos registrados en México ocurre en una entidad fronteriza. Ante este panorama, la Coparmex ha hecho un llamado urgente para que los tres órdenes de gobierno coordinen esfuerzos de manera efectiva. El organismo empresarial exige al Senado de la República dictaminar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada por la Cámara de Diputados, para homologar criterios y fortalecer a las fiscalías. La confederación reitera que sin seguridad y Estado de Derecho no puede haber inversión, empleo ni desarrollo sostenible.





