Illinois crea una comisión para documentar presuntos abusos de agentes migratorios federales

Ante las crecientes denuncias de abusos por parte de agentes migratorios federales en Chicago, el estado de Illinois ha establecido una comisión sin precedentes para investigar y crear un registro histórico de estas violaciones.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, estableció la Comisión para el Rendimiento de Cuentas (IAC), la primera de su tipo en Estados Unidos, con el mandato de investigar y documentar presuntos abusos a los derechos humanos y civiles cometidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Chicago. La creación de este organismo responde a un clima de creciente tensión y a denuncias sobre tácticas violentas e intimidatorias en redadas migratorias, consideradas parte de las políticas antimigrantes de la Casa Blanca. Entre los incidentes reportados se encuentran el ataque con gas pimienta a una familia, incluyendo a una niña de un año, dentro de su vehículo; maltratos físicos a trabajadores durante detenciones y el uso de sustancias químicas contra manifestantes pacíficos.

Según activistas, estas acciones han ocurrido con casi total impunidad.

La comisión, presidida por el juez federal retirado Rubén Castillo, celebró su primera audiencia pública para revisar el uso de la fuerza y agentes químicos por parte de las autoridades federales. Durante la sesión se presentaron videos y testimonios que el juez Castillo calificó de “escandalosos”. Susan Gzesh, integrante de la comisión y experta en derechos humanos, explicó que el objetivo es crear un “registro histórico” que sirva de base para futuras acciones legales y para combatir las versiones oficiales del gobierno federal, que ha llegado a negar incidentes documentados. En la audiencia participó como experta la doctora Rohini Haar, quien señaló que el uso de gases lacrimógenos y pimienta en los casos analizados constituye un “uso excesivo de fuerza”. Recordó que estos agentes son irritantes tóxicos prohibidos en la guerra por la Convención sobre Armas Químicas, pero su uso no está regulado para el control de la población civil en Estados Unidos. Aunque la comisión no tiene poder sancionador, busca aportar evidencia para combatir la impunidad.

Se planean tres audiencias más y se espera que emita sus conclusiones antes de abril de 2026.