Autoridades de Minnesota demandan al gobierno federal en medio de protestas por redadas migratorias

La tensión en Minnesota ha escalado debido a las redadas migratorias de la administración Trump, lo que ha provocado enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, así como una demanda por parte de autoridades estatales y locales para detener las operaciones.

Días de manifestaciones contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado un ambiente tenso en Minnesota, con enfrentamientos entre activistas y agentes federales en ciudades como Mineápolis y St.

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El martes, agentes federales lanzaron gases lacrimógenos y rociaron irritantes contra manifestantes en Mineápolis, cerca del lugar donde Renee Good fue fatalmente baleada por un agente de inmigración la semana pasada.

Las protestas se han extendido, incluyendo abandonos escolares por parte de estudiantes en Brooklyn Park en rechazo a los operativos. El detonante de la intensificación de las protestas fue la muerte de Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, lo que ha provocado decenas de vigilias en todo Estados Unidos. Mientras el gobierno de Trump ha defendido al agente que disparó, alegando que actuó en defensa propia, esta versión ha sido criticada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, quienes se basan en videos del incidente. En respuesta a la escalada, el estado de Minnesota, junto con los alcaldes de Mineápolis y St. Paul, presentaron una demanda contra el gobierno de Trump para detener o limitar la operación. La demanda acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de violar la Primera Enmienda y otras protecciones constitucionales al enfocarse en un estado progresista. El fiscal general del estado, Keith Ellison, calificó el despliegue de más de 2,000 agentes de inmigración como una "invasión federal". Por su parte, el DHS defiende sus acciones, afirmando que ha realizado más de 2,000 arrestos en Minnesota desde principios de diciembre. Una portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin, acusó a las autoridades locales de ignorar la seguridad pública y afirmó que el presidente Trump tiene el deber de hacer cumplir la ley. El gobierno federal también enfrenta una demanda similar en Illinois por una campaña de redadas en el área de Chicago.