Legisladores impulsan reformas sobre lenguaje claro en programas sociales y autonomía sindical

Iniciativas legislativas a nivel estatal y federal buscan fortalecer los derechos de los ciudadanos, desde garantizar el acceso a programas sociales mediante un lenguaje comprensible hasta proteger la autonomía de los sindicatos.

En el estado de Chihuahua, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Joss Vega Vargas, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano. El propósito es establecer por ley el uso de un lenguaje claro, sencillo y accesible en la formulación, ejecución y difusión de los programas sociales. Según la legisladora, la complejidad del lenguaje administrativo y jurídico actual crea barreras que afectan de manera desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad, limitando su capacidad para acceder a los apoyos públicos. La propuesta busca reducir los obstáculos burocráticos, prevenir errores en los procesos de inscripción, disminuir la discrecionalidad en la aplicación de los programas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. En el ámbito federal, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y senador por Morena, Alfonso Cepeda, ha instado a los congresos estatales a adecuar sus marcos legales a una reciente reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicha reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, sanciona la injerencia de servidores públicos en la vida interna de los sindicatos.

Cepeda describió el decreto como la "conquista laboral más importante del siglo XXI", argumentando que garantizará reglas claras y evitará vacíos legales. La ley define la injerencia como la participación en campañas sindicales o el uso de recursos a favor de candidatos. No obstante, la normativa no prohíbe que funcionarios públicos encabecen sindicatos ni que se obligue a los agremiados a participar en eventos de partidos políticos.