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Reforma judicial

Noticias sobre propuestas, cambios constitucionales, elecciones de jueces y debate político en torno a la transformación del sistema judicial mexicano.
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Organiza Laura Hernández foro para analizar desafíos de profesionales del derecho tras aprobación de las reformas al Poder Judicial y a la Ley de Amparo

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2025.-La diputada Laura Hernández García (MC), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, organizó el foro “Por la Revolución de los derechos humanos de las mujeres” para analizar los desafíos que enfrentan las personas profesionales del derecho, tras la aprobación de las reformas al Poder Judicial y a …

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La Corte desbloquea la reforma y abre paso a reducir salarios del Poder Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revocar todas las suspensiones que habían detenido partes clave de la Reforma Judicial 2024, incluyendo la posibilidad de ajustar a la baja los salarios de jueces y magistrados federales. La decisión fue emitida por el ministro presidente Hugo Aguilar, quien determinó que los tres juzgados […] La entrada La Corte desbloquea la reforma y abre paso a reducir salarios del Poder Judicial aparece primero en Norte de Ciudad Juárez.

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Desaparición de OPLES, “golpe al federalismo”; defienden su permanencia en vísperas de reforma electoral

Los presidentes de 17 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) advirtieron que la desaparición de dichas instituciones representaría un golpe al federalismo y, al centralizar la organización de los procesos electorales de las entidades federativas, convertiría al INE en una instancia onerosa, poco eficiente y burocrática, sin generar ahorro alguno.Al participar en el foro El fortalecimiento democrático y el desarrollo de procesos electorales convocado por la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, los consejeros electorales sostuvieron que la permanencia de los organismos locales garantiza la transmisión de los poderes en forma pacífica, legal y legítima."OPLES resultan indispensables"El morenista Víctor Hugo Lobo, presidente de la comisión legislativa, aseguró, sin embargo, que afirmó que la reforma electoral prevista para el próximo periodo de sesiones, a partir de febrero, tendrá una vocación federalista.“Quiero decirles que en las reuniones que se han dado con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y que me atrevo a compartir, hay toda la vocación de hacer una reforma federalista”, dijo.En su turno, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, puso a disposición de los diputados federales los conocimientos técnicos de los integrantes de los OPLES, adquiridos a lo largo de 25 años, para tomar las mejores decisiones.“Nosotros no estamos defendiendo un cargo, nosotros estamos defendiendo un sistema en el que creemos; defendemos principios, creemos en el federalismo, creemos en el sufragio efectivo, creemos en la objetividad, en la legalidad y eso es lo que defendemos desde cada una de nuestras trincheras”, puntualizó.La presidenta del organismo electoral de Jalisco, Paula Ramírez, subrayó que los OPLESson la expresión del pacto federal que responde a la diversidad de la nación y resultan indispensables, pues no duplican en ninguno de sus tramos al INE.“Nuestro federalismo funciona y, desde hace una década de existencia, los OPLES han dado legitimidad y estabilidad a la transmisión de los poderes públicos en todo México; son necesarios, porque la magnitud y multitud de los cargos estatales vuelve materialmente imposible una organización centralizada”, dijo.La presidenta del OPLE de Puebla, Blanca Cruz, señaló en su turno que la desaparición de esas instituciones autónomas convertiría al INE en una órgano oneroso, poco eficiente y burocrático.“Conllevaría el riesgo de crear una institución gigantesca, que no traiga aparejada eficiencia en el gasto de los recursos, con estructuras más robustas y onerosas de las que ya existen, mayor burocratización y que no sean operativas al estar alejadas de ese contexto social y político de los municipios del país”, indicó.Institutos locales garantizan derechos político electoralesA su vez, la consejera presidenta del OPLE de Guanajuato, Brenda Canchola, insistió en que no hay duplicidad de funciones, sino competencias distintas que obedecen a las particularidades del ámbito territorial y conocimiento específico del contexto cultural, político, social, económico, educativo y territorial.Alejandro Palacios, consejero presidente del OPLE de Baja California Sur, aseguró que los procesos organizados por los institutos locales han permitido la transmisión de los poderes de forma pacífica, legal y legítima lo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos político electorales de la ciudadanía.“Desde la primera iniciativa de reforma electoral en 2022 se manejaba la idea de centralizar las autoridades electorales con el argumento de hacerlos más eficientes y, a la vez, reducir el costo de las elecciones, pero múltiples voces han dado evidencia que esta idea no solo no sería funcional, sino tampoco significaría un ahorro, sin mencionar que el golpe que representaría al federalismo y a la autonomía de los estados”, remarcó.Al encuentro celebrado en el Palacio de San Lázaro, asistieron los titulares de los OPLES de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Yucatán, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Oaxaca, Hidalgo, Baja California Sur, Baja California, Chiapas y Estado de México.IOGE

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Los retos de la reforma a la Ley de Amparo: Serralde

La reforma a la Ley de Amparo implica desafíos tanto en el ámbito público como ciudadano, donde se tiene que encontrar un equilibrio, asegurando el cumplimiento de las disposiciones legales, así como las responsabilidades administrativas y de la sociedad. Foto: Archivo. “Esa reforma lo que deja es un sistema judicial debilitado y una sociedad en […] The post Los retos de la reforma a la Ley de Amparo: Serralde first appeared on Alcaldes de México.

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Realiza Tlaxcala audiencia pública de la comisión presidencial para la reforma electoral

Tlaxcala fue sede de la audiencia pública para la Reforma Electoral, un ejercicio público de escucha y de propuestas encabezado por el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, en representación de la titular del Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros, y la consejera Jurídica del Gobierno de México e integrante de la Comisión Presidencial para la […] The post Realiza Tlaxcala audiencia pública de la comisión presidencial para la reforma electoral first appeared on La Neta Noticias.

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La Corte y la incertidumbre jurídica

Decía ayer Ciro Gómez Leyva, en estas páginas, que la resolución de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sería su acto inaugural: “Llega la hora de la naciente Suprema Corte. Puede darle la razón al particular, así sea parcialmente. O puede dejarlo sin opciones, al menos en México”. Finalmente, la resolución tomada ayer por la SCJN en el caso fiscal que involucra a Grupo Salinas fue la peor que podía tomar y, como decía Ciro, dejó sin opciones a esos particulares. Lo más grave de la resolución es que se hayan negado siquiera a discutir el caso, que hubieran desechado por improcedente el recurso de revisión que había aceptado la pasada SCJN, encabezada entonces por Norma Piña, sin haber analizado el fondo. No se trataba de fallar a favor o en contra de alguna de las partes involucradas, sea de Grupo Salinas o del SAT, lo grave es que se negaron a discutir el fondo del tema, de la controversia. Con ello, se negaron a establecer con claridad las normas que debe cumplir el Servicio de Administración Tributaria en estos temas y en la relación con contribuyentes y empresas. Se puede estar o no de acuerdo con la demanda que presentó la empresa, pero lo que debía hacer la SCJN, sin duda, era dar claridad para la actuación de las autoridades fiscales. Ese es el tema central: los inversionistas y los contribuyentes no tienen confianza en la actuación de las autoridades judiciales y, al negarse éstas a cumplir con su responsabilidad, sumado a la reforma al Poder Judicial, a la forma en que se eligieron ministros, magistrados y jueces, y a la contrarreforma a la Ley de Amparo, la confianza en el sistema de justicia se pierde. No es en vano que las inversiones extranjeras directas se hayan contraído en más de 9% desde la reforma judicial y que las preocupaciones que están expresando (y que están recopilando las autoridades de Estados Unidos de cara a la renegociación del T-MEC) las empresas estadunidenses (y de otros países) pasen en casi todos los casos por el tema de la seguridad jurídica y el cumplimiento del gobierno federal respecto a las propias normas del T-MEC y la forma que tienen de disputar sus diferendos. ¿Qué es lo que están demandando instituciones como el Business Roundtable, donde están congregadas todas las grandes empresas estadunidenses respecto a la renegociación del T-MEC? En el ámbito fiscal, son los cobros dobles, la doble tributación, que se ha generalizado para grandes empresas nacionales y extranjeras; los impuestos a maquiladoras y aseguradoras; los nuevos criterios aprobados para energía; las inspecciones extraordinarias de la Secretaría del Trabajo; la propuesta en la Suprema Corte de reabrir casos ya juzgados; la presencia del crimen organizado y, de la mano con él, de las extorsiones; los aumentos en los IEPS. El  Business Roundtable dice que lo más preocupante es “la discriminación del gobierno mexicano en energía, telecomunicaciones, aviación, servicios, plataformas digitales y satélites”. Se llega a un nivel de desconfianza tal, que las grandes empresas proponen tribunales alternativos para tratar los diferendos o casos judiciales, o que éstos se resuelvan en cortes estadunidenses, muchos ya están establecidos en la Corte de Nueva York. Si hay un tema central es, precisamente, discutir la forma en que se cobran los impuestos. El debate público gira en torno al caso de Grupo Salinas, pero, con mucha menor publicidad, están en disputa numerosos casos fiscales de empresas nacionales y extranjeras, como Samsung, FEMSA, Cemex, las empresas refresqueras y todas las que tienen cargos excesivos de IEPS. Todas ellas y muchas más viven, con mayor o menor publicidad, con la misma incertidumbre fiscal. Por eso, la SCJN tenía la obligación de discutir, por lo menos, el tema y los ministros tendrían que haber exhibido cuál es su posición, para que no todo quede a discreción exclusivamente del SAT. Porque con las nuevas reformas a la Ley de Amparo y la decisión adoptada ayer, ese derecho queda, virtualmente, vulnerado.   FIGUEROA, HOMENAJEADO En Guerrero, a algunos funcionarios se les ocurrió hacer un homenaje al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa por el 117 aniversario de su nacimiento, un político que estuvo acusado de ser un represor y de ser uno de los mayores responsables de la llamada Guerra Sucia en el estado en los años 70, cuando fue gobernador. Siendo candidato a gobernador, Figueroa Figueroa fue secuestrado el 30 de mayo de 1974 por integrantes del Partido de los Pobres, encabezado por Lucio Cabañas Barrientos. El candidato fue liberado el 8 de septiembre del mismo año tras un fuerte operativo militar. El 2 de diciembre, Cabañas murió en combate en la localidad de El Otatal, en la sierra de Tecpan de Galeana. Se denunció que, en venganza por su secuestro, el ya entonces gobernador Figueroa abusó sexualmente de Isabel, la viuda de Lucio Cabañas, cuando ésta fue detenida. Cientos de campesinos fueron perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinados durante su gestión. Su hijo, Rubén Figueroa, tuvo que dejar la gubernatura de Guerrero en 1995 por la matanza de campesinos en Aguas Blancas. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda despidió a la directora de Actividades Cívicas de la Secretaría de Cultura estatal, Ximena Yareli Muñoz, quien organizó ese homenaje en coordinación con el alcalde morenista de Huitzuco, la tierra natal de Figueroa Figueroa, Eder Nájera Nájera.   Columnista: Jorge Fernández MenéndezImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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‘Estamos en un momento crítico de seguridad’, jueces no pueden viajar a cobrar indemnizaciones: JUFED

La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), advirtió que los juzgadores cesados por la reforma judicial están en riesgo de sufrir agresiones o asaltos al ser citados por el órgano de administración judicial para cobrar sus indemnizaciones. Explicó que algunas de estas personas tendrían que viajar desde los Estados a la Ciudad de México. Señaló que “estamos en un momento crítico de seguridad” y pidió evitar concentrarlos en un solo lugar, pues “basta una fecha y un punto de pago para ponerlos en peligro”.

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El día en que nació la nueva Suprema Corte

El día fundacional de la nueva Suprema Corte de Justicia llega hoy, que se registre: 13 de noviembre de 2025. El pleno de ministros discutirá y probablemente votará cinco amparos presentados por un particular, el Grupo Salinas, en contra del gobierno y de la autoridad fiscal. Si la Corte los desecha, Grupo Salinas tendrá que pagar unos 45 mil millones de pesos por adeudos con el SAT. El enfrentamiento entre el particular y el gobierno ha sido abierto, encarnizado y largo. No recuerdo un pleito de esa dimensión en lo que va del siglo, y no sé cuánto habría que retroceder hasta hallar algo parecido. Lo dicho, dicho está. El particular ha difundido con profusión en sus plataformas que enfrenta cobros dobles, inconstitucionales e inmorales, y que el SAT se ha negado a precisarle un monto real a fin de que pueda pagar lo que “en derecho corresponde”. El gobierno le ha respondido en múltiples ocasiones que no hay cobros indebidos, por lo que no le queda otro camino que pagar. El grupo acusa una sanción política por sus críticas al régimen. El gobierno afirma que ese discurso de persecución es el pretexto para no pagar lo que debe. Así llega la hora de la naciente Suprema Corte. Puede darle la razón al particular, así sea parcialmente. O puede dejarlo sin opciones, al menos en México.         Columnista: Ciro Gómez LeyvaImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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Claudia Sheinbaum invita a la CIRT a debatir la reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reflexionó que la libertad de expresión no se defiende cerrando espacios, sino abriéndolos, e hizo un llamado a los medios de comunicación a abrirse al debate "igual que el gobierno". Durante el Encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Sheinbaum Pardo dijo que pese a diferencias, lo importante es garantizar la libertad de expresión e indicó que la nueva Ley de Comunicación y Derecho de las Audiencias es fundamental porque pone en el centro a la gente, no al poder. "Reconocer que la libertad de expresión se ejerce plenamente solo cuando hay debate, cuando hay diversidad de voces, cuando se escucha a todas y a todos. La libertad no se defiende cerrando espacio... Más información -- Claudia Sheinbaum invita a la CIRT a debatir la reforma electoral»

Source LogoEl siglo de Torréon
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‘Es muy raro y peligroso pensar en procesos electorales para los jueces’: Correa Henao | Entérate

La reforma al Poder Judicial en México, ya vigente, pone en riesgo la imparcialidad y autonomía de los jueces, advirtió la académica constitucionalista colombiana Magdalena Correa Henao, docente e investigadora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y directora del Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Según la experta, la administración de justicia debe basarse en criterios técnicos y ponderados, pero las instituciones actuales generan exclusión y desigualdad en el acceso a la justicia.

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Monreal perfila discusión abierta sobre revocación de mandato; "no nos vamos a precipitar"

Alejandrina FrancoRicardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, aseguró que no habrá precipitaciones en el análisis de la reforma al artículo 35 constitucional, que contempla ajustes al mecanismo de revocación de mandato, y adelantó que se buscará una discusión amplia, plural y abierta a la sociedad. El también coordinador de Morena informó que la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el diputado Leonel Godoy, está definiendo un mecanismo que permita la realización de foros y espacios de deliberación durante las próximas semanas.  Te recomendamos: Sheinbaum, a favor de adelantar consulta de revocación de mandato presidencial "Puede salir al final del año la iniciativa presentada por el diputado Ramírez Cuéllar o esperarse hasta el segundo periodo ordinario, que inicia el primero de febrero", explicó. Monreal Ávila subrayó que no se trata de apresurar los tiempos, sino de garantizar que la ciudadanía conozca a fondo el contenido y las implicaciones de la reforma.  "Vamos a esperar que haya una discusión más amplia y que la sociedad sepa de qué se trata la revocación de mandato", enfatizó. Ley de Aguas, prioridad en agenda del Congreso Por otra parte, Ricardo Monreal adelantó que el segundo asunto prioritario en la agenda legislativa será la nueva Ley General de Aguas, una iniciativa que, dijo, requiere sensibilidad y amplio consenso por la diversidad de intereses involucrados. "Es un tema delicado y tenemos que actuar con mucha sensibilidad; escuchar a los agricultores, ganaderos, mineros e industriales, porque el tema del agua tiene muchas aristas y debe ser cuidadosamente legislado", expresó. En entrevista con medios de comunicación, el legislador morenista aseguró que el propósito de la reforma es recuperar la rectoría del Estado sobre este recurso fundamental, pero sin afectar los derechos adquiridos de productores, campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios. Detalló que la próxima semana se llevarán a cabo audiencias públicas en la Cámara de Diputados durante tres o cuatro días, con la participación de asociaciones civiles, industriales, embotelladoras y refresqueras: "Vamos a escucharlos a todos". Aunque reconoció que el proceso legislativo podría enfrentar resistencia de grandes intereses económicos, pero afirmó que los legisladores están preparados para actuar en favor del interés nacional. "Hay forma, aunque haya intereses muy fuertes, los diputados estamos dispuestos a enfrentarlos en beneficio del país, en beneficio de la mayoría de los mexicanos", afirmó. Añadió que los legisladores de la mayoría han decidido subordinar los intereses personales al interés general de la patria, y que cualquier inconformidad o impugnación derivada de las nuevas disposiciones será atendida conforme a la ley.  "En todos los actos de autoridad puede haber inconformidad o recursos jurídicos; todo eso es parte del estado de derecho en el que vivimos". Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/3u1h8OsuAM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 11, 2025   vjcm Contenidos Relacionados: Sheinbaum, a favor de adelantar consulta de revocación de mandato presidencialPosponen dictamen de revocación de mandato “No hay plan con maña”: Monreal sobre iniciativa para empatar revocación de mandato con elecciones

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Posponen dictamen de revocación de mandato

Ivonne MelgarA solicitud de la oposición del PAN y del PRI y de sus aliados del PT y PVEM, el jefe de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió posponer la aprobación del dictamen que empalmaría, en junio de 2027, la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias. Al mediodía, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en San Lázaro anunció que se había comprometido con los líderes parlamentarios de las demás bancadas a interceder, ante la Comisión de Puntos Constitucionales, para que no se hiciera este lunes la discusión y votación del proyecto.  Desde el jueves me están solicitando que podamos dar oportunidad a un mayor debate sobre el tema. Es muy importante. Me han pedido que no sea precipitado, que hoy nos esperemos y que podamos hacerlo después de unos días de analizado el tema. Ellos consideran que es un albazo, así lo han dicho públicamente y me lo han comentado a mí”, declaró en conferencia de prensa el diputado Monreal.  Expuso el presidente de la JUCOPO que la solicitud sería para “esperar unos días, mientras que se amplía el debate entre los diputados y diputadas, para deliberar. Unos días, o sea, que no sea precipitado; no estamos haciendo nada indebido y si no lo estamos haciendo, si nos asiste la razón histórica, la razón moral, la razón política, no tenemos por qué precipitar un tema tan importante”. SOLO POR UNOS DIAS  El diputado Morenal sostuvo que, al final, la Comisión de Puntos Constitucionales -donde Morena tiene los votos para sacar adelante la reforma- determinará, “pero ya está el proceso, ya tiene el dictamen, simplemente ampliar los días para su deliberación”. En seguida, y por su parte, el jefe de la diputación del PAN, José Elías Lixa, celebró el compromiso del líder legislativo de Morena, pero se negó a fijar postura en torno a la reforma.  Nosotros hemos dicho, desde hace seis años, que debiera de ser el pueblo el que tomara esa decisión, por lo tanto, lo que desde en el PAN pensamos, es que se tiene que hacer un análisis completo del tema que involucre a los ciudadanos, que involucre todas las visiones y que como cualquier iniciativa sea analizada y estudiada a fondo, eso sí, sin prisas ni presiones”, declaró el panista.  “Cuando se lleve a cabo el análisis, entonces en ese momento estaremos presentando nuestras consideraciones”, reiteró el coordinador Lixa.  “Es importante no hacer las cosas con prisas y sobre todo que no parezca un madruguete al país, reconozco que a través del diálogo se ha podido escuchar a los grupos parlamentarios y que no sean las prisas las que rijan un proceso de una determinación tan relevante para el país”, celebró el panista.  CAMBIO AL ARTICULO 35 La reforma busca actualizar el Artículo 35 de la Constitución y fue presentada por el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, bajo el argumento de que de ese modo se ahorrarían recursos. La legislación actual establece que el ejercicio de revocación de mandato no podrá darse de manera simultánea a una elección federal, una concurrencia que desde 2019 buscó sin embargo el entonces presidente López Obrador y que PAN, PRI, PRD y MC lograron frenar cuando tenían esa posibilidad en el congreso. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy (Morena), difundió esta tarde un comunicado en el que cancela oficialmente la sesión que se había convocado para las 6 de la tarde de este lunes y detalla que se realizará hasta nuevo aviso.  El jueves, cuando se dio a conocer que ya se tenía listo el proyecto de dictamen y se notificó a los diputados de Puntos Constitucionales que sesionarían este 10 de noviembre, la bancada del PRI consideró, en voz de su líder, Rubén Moreira, que se trataba de "una bola rápida" que pretendía, sin debate ni análisis previo, concretar una medida encaminada a un sistema autoritario.               Contenidos Relacionados: “No hay plan con maña”: Monreal sobre iniciativa para empatar revocación de mandato con eleccionesTEPJF se declara incompetente en caso contra consejerías del INE por revocación de mandatoCongreso argentino revoca vetos de Milei y asegura fondos a universidades y pediatría

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Alquimia política

Es necesario que la filosofía política analice la historia política; que distinga lo que se debe a las cualidades del pueblo de lo que es debido a la superioridad de las leyes; que determine con cuidado el efecto exacto de cada parte de la Constitución, a riesgo de destruir algunos ídolos de la multitud. Walter Bagehot   Hace 36 años respondí a la extraordinaria periodista Nidia Marín, en entrevista para el periódico Excélsior: “La justicia no tiene nombre, partidos o tendencias ideológicas, el ciudadano y las autoridades deben exigirla, demandarla: es tarea de todos y no privilegio de unos cuantos”. Vigente esta demanda, ante el terrible detrimento y la reducción indescriptible del Estado de derecho; las reformas judicial y la regresiva modificación a la Ley de Amparo son síntomas inequívocos del sometimiento de la Constitución General a una errática y destructiva dictadura. Alquimia política es la metáfora que describe una negra manipulación para transformar y manipular el objetivo de una política democrática, con funestos resultados de un proyecto ambicioso de poder y que ha provocado daños irreparables a las instituciones constitucionales, a la democracia y al espíritu republicano que nos rige; con prácticas especulativas (alquimia financiera) no sostenibles que han situado a la nación en los peores índices de crecimiento, de acuerdo con el Banco de México: 0.6% para 2025 y 1.1% para 2026; según analistas privados: 0.5% para 2025. La tarea de la transformación de marras, ahora en un aparente segundo piso, es una manipulación utilizada para implementar una política, bajo la redundancia y estridencia, de un líder para transformar el entorno político, bajo contradicciones y choques evidentes con la realidad; la lucha contra la corrupción, la inseguridad, la violencia y la impunidad es sólo una manipulación de la realidad a base de falsedades, el engaño al ofrecer convertir plomo en oro. Alquimia diseñada para destruir Órganos Constitucionales Autónomos y otros contrapesos, la cuasi anulación del INE, aunado a un tenaz ejercicio para evitar la educación del pueblo elector, con deliberados y perversos propósitos de ejercer control total sobre los poderes Legislativo y Judicial, como ha quedado evidenciado. Es innegable que la complicidad del Tribunal Electoral ha sido definitiva, reduciendo la democracia, maestros de la alquimia político-electoral para alcanzar una sobrerrepresentación legislativa espuria, que ha consentido modificaciones a la Constitución dando paso a la creación de leyes a modo del ejecutivo. Un Poder Judicial producto de sorteos y tómbolas con simulada votación sustentada en burdos acordeones, que no otorga ni el mínimo atisbo de legitimidad y que se suma a la anticonstitucionalidad de su proceder con supina ignorancia, en dos de sus dos acepciones: ignorancia como desprecio a la Constitución y al derecho e ignorancia por falta de conocimientos y experiencia. Aberraciones jurídicas en tiempos de temor y desconcierto, expresados interna e internacionalmente por el riesgo ante una “judicatura politizada” y, ahora esa incertidumbre se incrementa aún más con la propuesta de la Corte para atentar contra la institución jurídica de la “cosa juzgada”, lo que aumenta de suyo el desprestigio del sistema judicial.  Ignorancia supina del principio general que establece que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, nugatoria del derecho que tiene toda persona al acceso a la justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.  Alta expectativa en las instituciones depositarias del Poder Judicial de la Federación: el Órgano de Administración de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial quienes tienen en sus actuar el reencauzamiento del orden jurídico del Estado mexicano.   APOSTILLA Descanse en paz Carlos Manzo, arteramente asesinado en Uruapan, Michoacán. Su legado debe continuar. Nuestros deseos mejores a la presidenta interina Grecia Quiroz.       Columnista: Federico Ponce RojasImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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México, Estado de excepción difuso

La ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo —símbolo de una cadena productiva extorsionada hasta el tuétano—, no son “hechos aislados”, sino huellas visibles de algo más profundo: la retirada, por acción u omisión, del Estado de su deber primario de proteger la vida y la seguridad. Cuando la violencia letal contra autoridades y productores ocurre a la vista de todos, el monopolio de la acción legal de éste se privatiza de facto. Se pasa de la seguridad pública a la administración criminal del territorio, con peajes, permisos y castigos dictados por estructuras mafiosas. Así se ha degradado Michoacán desde Cárdenas Batel a la fecha. El argentino Guillermo O’Donnell llamó “zonas marrones” a los espacios donde la legalidad es intermitente y la ciudadanía es de baja intensidad. Michoacán ha sido laboratorio de esa degradación: la extorsión dejó de ser un tributo clandestino para convertirse en regla de mercado. La muerte del líder limonero que denunció ese régimen del miedo expresa la colonización de la economía por el crimen organizado y transnacional. No es sólo una estadística: es la erosión del horizonte de expectativas que sostiene la vida cotidiana y la inversión productiva. La respuesta oficial ha sido ambivalente: condenas públicas, operativos reactivos y, al mismo tiempo, la negativa a reconocer responsabilidad por la protección fallida. El mensaje es devastador: la seguridad depende de la fortuna y no del derecho. En clave de filosofía del derecho, esto equivale a normalizar un “estado de excepción difuso” (como expusiera el filósofo Agamben), donde las garantías operan de forma selectiva y la línea entre autoridad y fuerza privada se vuelve borrosa. A la par, las recientes reformas constitucionales y a la Ley de Amparo han reducido la capacidad ciudadana de interponer diques legales frente a abusos. Limitar la suspensión con efectos generales y coquetear con la retroactividad procesal precariza la tutela judicial efectiva. Si el amparo pierde dientes, el ciudadano queda inerme justo cuando más necesita tribunales fuertes e independientes. En ese escenario irrumpe la reforma judicial que politiza la selección de juzgadores mediante elecciones populares, en contextos de captura criminal, y expone a jueces y magistrados a campañas de cooptación territorial, clientelas y financiamiento opaco. El primer ciclo de elecciones dejó señales preocupantes: candidaturas improvisadas, renuncias tempranas y cuestionamientos a perfiles sin la pericia mínima. El saldo es una percepción de fragilidad institucional que ahuyenta confianza y capital internacionales. Ninguna democracia prospera con tribunales percibidos como botín. Por eso, desde diversos sectores nacionales e incluso desde Estados Unidos, tan influyente como nunca en la política y seguridad internas, se sostiene que debe cancelarse el proceso de elección de juzgadores previsto para 2027 y abrir, en su lugar, una reforma correctiva: concursos de mérito verdaderamente públicos, servicio civil judicial, blindaje contra presiones políticas internas, externas y criminales, así como un amparo robusto que restituya la suspensión como herramienta eficaz ante normas lesivas. Sin garantías jurisdiccionales, la política de seguridad queda sin contrapesos y se convalida un orden de facto. Un régimen democrático se mide por la vigencia real de derechos. Cuando asesinan alcaldes y empresarios, se desaparecen jóvenes y mujeres todos los días, se asesina también la promesa constitucional de igualdad ante la ley. Restituir el monopolio legítimo de la fuerza, revertir las regresiones del amparo y despolitizar la judicatura, suspendiendo su degradación absoluta con las elecciones de 2027, es un imperativo del cual depende la democracia mexicana.       Columnista: Jorge CamargoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0

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Reasignaciones presupuestales: indolencia y vacilada

Ivonne MelgarLa oposición en la Cámara de Diputados cuestionó que la seguridad haya quedado fuera de las reasignaciones presupuestales que impulsó el bloque oficialista, así como el recorte a la FGR.  Al hacer un balance de los ajustes al presupuesto para 2026, los coordinadores del PAN, José Elías Lixa, y del PRI, Rubén Moreira, lamentaron que la mayoría de Morena se negara a canalizar recursos al programa para Michoacán. “Las reservas aprobadas son una vacilada; quieren vender como un gran cambio haber reasignado el 0. 2 % de los 10 billones del presupuesto”, comentó el panista.  Recordó Elías Lixa que su bancada impulsó ajustes por 437 mil millones de pesos, equivalente al 4. 7 % del monto total, para fortalecer, entre otros aspectos, la seguridad municipal y, particularmente, a las policías estatales. Detalló el líder parlamentario de Acción Nacional que no puede considerarse una reasignación lo otorgado a la Universidad de Jalisco, cuando se trató de “la corrección de una pifia” que traía la propuesta de la Secretaría de Hacienda. Cuestionó Lixa que otra de las modificaciones presupuestales fue para darle más recursos a los centros de atención infantil que opera el PT. “Esa es otra vacilada: les dan apoyo a sus socios, pero no le asignaron un solo peso más a la seguridad; y más vergonzoso y doloroso resulta que no se asignaran recursos concretos para Michoacán”.  Recordó el panista que el debate presupuestal se dio justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció del plan de pacificación para esa entidad y que, para garantizarlo, su bancada planteó una reasignación de 10 mil millones de pesos.  Lamentó el panista que, al final, quedó “un presupuesto indolente que se procesó sin la más mínima sensibilidad y sin de la urgencia que se vive en las comunidades de este país, desatendiendo la seguridad y la procuración de justicia, dos temas prioritarios para todos”.  PRI cuestiona proceso y prioridades El jefe de los priistas en San Lázaro cuestionó que los ajustes al reparto presupuestal se realizaran en el pleno y no como parte sustantiva del trabajo en las comisiones legislativas.  Cuestionó el diputado Rubén Moreira que particularmente la bancada del PT utilice el turno para la presentación de reservas sólo como un recurso de discurso ideológico, cuando éstas deberían ser la oportunidad para la construcción de acuerdos.  “Es una lástima que Morena no apruebe, de ningún partido, ninguna necesidad sentida de las comunidades que los diputados representan”, dijo en alusión al rechazo que experimentaron todas las propuestas de la oposición que representa al 46 % del electorado.  El coordinador de la diputación priista dijo que no debe perderse de vista que el criterio de reasignación fue aplicar los recortes a todos los órganos que, por su carácter autónomo, le entregaron a la Secretaría de Hacienda sus requerimientos presupuestales: Poder Judicial, FGR, INE, Tribunal Electoral, entre otros.  Sostuvo el diputado Moreira que el paquete económico para 2026 gira en torno a subir impuestos, perseguir a los contribuyentes, seguir tomando deuda y recorte al presupuesto de los poderes y organismos a los que Hacienda no les podía quitar cuando presentó la propuesta.  “El saldo final no es bueno para nadie; fue una reasignación que se hizo de manera apresurada, por lo que hay una sin razón en los rubros, ajena a las prioridades que se dice tener”, concluyó.            Contenidos Relacionados: Chocan grupo de diputados de Morena y oposición por homicidio de ManzoDiputados aprueban, en lo general, el Presupuesto 2026Entre luto, pancartas y reclamos, diputados arrancan debate del Presupuesto 2026

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Corte frena recurso del ministro presidente Hugo Aguilar; pretendía revivir tema de cosa juzgada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó un proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien consideró que el voto de calidad que se emitió en el primer amparo otorgado contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) no siguió el procedimiento adecuado, tema que encendió las alertas sobre el tema de cosa juzgada.​Amparo de la ILEEl 31 de enero de 2024, la Segunda Sala de la SCJN concedió el primer amparo contra la LIE y que solo benefició a 6 empresas a las que se ordenó aplicar el estatuto que estaba vigente antes de la reforma de 9 de marzo de 2021.Con el voto de calidad del presidente de la Sala, el ministro Alberto Pérez Dayán, se otorgó la protección de la justicia a las empresas La Bufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Eléctrica Del Valle de México, Fuerza Eólica del Istmo, Eólica de Coahuila y Eóliatec de Istmo.Sin embargo, la Presidencia de la República interpuso un recurso de reclamación en contra del voto de calidad, alegando que se violó dicho procedimiento.Presidente del SCJN considera que el voto se emitió ilegalmenteHugo Aguilar presentó un proyecto señalando que el recurso de la Presidencia era procedente y adelantó que no se siguió el procedimiento previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) y que el voto impugnado se emitió ilegalmente.No obstante, intentó matizar su propuesta diciendo lo siguiente: “…constituye hecho notorio que las ejecutorias involucradas se tuvieron por cumplidas, que la ley impugnada en el juicio de amparo se abrogó y que las Salas de la Suprema Corte desaparecieron, por lo que no tendría ningún efecto, ningún fin práctico, revocar el citado voto de calidad. De ahí que el recurso de reclamación debe declararse infundado”.Reconoció que el tema ha generado preocupación. “Pero lo que yo estoy poniendo sobre la mesa, lo que hago énfasis, es que en la anterior integración, en este caso de la Sala de la Segunda Sala se apartaron del mandato legal para emitir un voto de calidad que definió una ley de gran importancia en la vida pública de nuestro país y en el funcionamiento de la industria eléctrica”.Por ello, propuso discutir el tema del voto de calidad. Pero las ministras y los ministros lo frenaron. Corte rechaza revisiónPor mayoría de 6 votos el Pleno se pronunció por declarar improcedente el recurso de la Presidencia, mientras que dos ministros pidieron declarar sin materia el asunto. El ministro Irving Espinosa Betanzo advirtió que el voto de calidad no puede analizarse de forma descontextualizada, porque sería revivir una sentencia y volverlo a votar el asunto.“El voto de calidad es una herramienta cuya aplicación no puede analizarse de forma descontextualizada de la sentencia, debido a que solamente en esta cobra sentido. Es decir, un voto de calidad no es un acto independiente y aislado, sino que forma parte fundamental de la sentencia y tiene un impacto directo sobre el fondo, de ahí que no sea posible su entendimiento como una decisión o un acuerdo de trámite", explicó."La consecuencia última de reconocer la procedencia del recurso de reclamación contra la emisión del voto de calidad equivale a reconocer la posibilidad de impugnar la sentencia, dado que en caso de ser fundados los agravios, el asunto se revisaría para una nueva votación con la oportunidad de cambiar el sentido del fallo. Esa es la razón por la cual yo votaría en contra", indicó.La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que pese a que la votación de dicho amparo se dio de manera “atropellada”, sin seguir el procedimiento, la reclamación de la Presidencia de la República no podría modificar la sentencia, porque sino se estaría abriendo la puerta a revivir las votaciones del propio máximo tribunal de justicia."(…) de consentirlo estaríamos pues abriendo la posibilidad de que fueran impugnables los procesos de votación de este órgano colegiado en todos los asuntos, es de suma, el recurso de reclamación, pues es un medio pensado en la ley para acordar trámites, pero no para impugnar votaciones de las personas juzgadoras", dijo.“No obstante, es muy importante en este caso, particularmente porque se trató justamente de una de una ley fundamental de nuestro país, es importante destacar que se dio contraviniendo esa votación, se dio justamente contraviniendo el procedimiento señalado en la propia Ley de Amparo de manera atropellada, por la entonces Segunda Sala, sin embargo, pues tendría en este momento que estarse declarando improcedente”, expresó.La ministra Loretta Ortiz Ahfl señaló que el recurso ha quedado sin materia."(…) cualquier incidencia procesal en el juicio de amparo se debe entender consumada y por ende, no existe ya una situación jurídica vigente sobre la cual este Tribunal Pleno pueda pronunciarse respecto del ejercicio del voto de calidad por parte del entonces presidente de la Segunda Sala", acotó. “Si bien reconozco, si lo reconozco, la utilidad institucional del análisis que se propone en la medida en que contribuiría a clarificar los parámetros interpretativos, de la Ley de Amparo y de la legislación orgánica sobre la facultad de dirimir empates en los órganos colegiados, lo cierto es que al haber adquirido la firmeza, la resolución cuestionada operó la autoridad de la cosa juzgada, por lo que cualquier pronunciamiento carecería de fuerza para modificar la situación jurídica existente”, expresó.PNMO

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Solicitan a la Corte realizar audiencias públicas sobre tema de prisión preventiva oficiosa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una solicitud para llevar a cabo una audiencia pública sobre el tema de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), antes de que el caso sea abordado.Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz presentaron la petición al máximo tribunal de justicia.Ambas personas pasaron más de una década encarcelados sin recibir sentencia. Este asunto provocó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado mexicano y se demandara declarar inconvencional la PPO.En listas de la SCJN se menciona que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dio trámite a la solicitud.No obstante, dejó claro que aún no se decidirá si abren audiencias públicas, porque primero deben esperar a que las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa presenten los proyectos sobre el acatamiento de la sentencia internacional y el amparo promovido por Daniel García contra la sentencia de 35 años de prisión que le fue impuesta.Cabe señalar que, tanto Daniel García como Reyes Alpízar solicitaron declarar impedidas a ambas ministras.El pasado 9 de octubre, Daniel García acudió a la Corte para solicitar el impedimento porque aseguró que las ministras realizaron manifestaciones subjetivas y criminalizantes.“En el caso de la ministra Estela Ríos, tiene el expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2025, pero ella como consejera Jurídica de la Presidencia, en 2022, junto con el secretario de Gobernación solicitó a esta Suprema Corte mantener la prisión preventiva oficiosa, entonces eso ya es un prejuzgamiento de su parte, ya decidió una posición común en el área federal”, manifestó Simón Hernández León, abogado del caso García Rodríguez.“Y en el caso de la ministra Yasmín Esquivel por manifestaciones subjetivas y criminalizantes al señor Daniel García y al señor Reyes Alpizar en 2022, en la Feria Internacional del Libro, pues manifestó que ‘qué bueno que hayan estado 16 años en prisión, que eran unos pobres angelitos’ y, bueno a ella le fue turnado el amparo directo”, explicó el litigante.LG

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Según Reforma, gerentes de gigantes en EU se quejan con Trump de Reforma Judicial

Los empresarios solicitaron al Ejecutivo estadounidense “presionar para que las empresas sean protegidas ante la politización del Poder Judicial en México, que pone en riesgo arbitrajes independientes frente a caprichos políticos”, dice el diario. The post Según Reforma, gerentes de gigantes en EU se quejan con Trump de Reforma Judicial first appeared on SinEmbargo MX.Leer el texto completo en sinembargo.mx

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Editorial: Poder Judicial: fallos ejemplares

En febrero pasado, la ex ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández admitió un amparo de Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp, en el que ésta alega la inconstitucionalidad del artículo 92, fracción II, de la Ley del ISR (2012), por vulnerar sus derechos a la seguridad jurídica, confianza legítima y acceso a la justicia. Tras establecer que dicho recurso es una táctica dilatoria, este jueves la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo desechó y dejó firme la sentencia de un tribunal colegiado que ordena pagar un crédito fiscal por más de 2 mil 868 millones de pesos correspondientes a impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, actualizaciones, recargos y multas del ejercicio 2012.

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Excusa la Corte a María Estela Ríos de ponencia sobre Elektra

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la solicitud de la ministra María Estela Ríos González para excusarse de ser ponente y participar en la resolución de un recurso promovido por Grupo Elektra contra la ministra Lenia Batres Guadarrama, al reconocer que la “cercanía” entre ambas –por haber trabajado juntas en la Consejería Jurídica de la Presidencia– podría comprometer su imparcialidad.

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Judicatura, bajo la lupa por 272 mdp en opacidad; revisión de la Cuenta Pública 2024

Raúl Flores MartínezEl Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incurrió en deficiencias para manejar recursos destinados a la adquisición de bienes y la contratación de servicios, que suman 272.4 millones de pesos sin aclarar. La revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 revela un patrón de opacidad y falta de control administrativo del órgano, hoy extinto debido a la reforma judicial. Por ejemplo, el CJF no hizo efectiva una fianza por 431.9 mil pesos a una empresa por la suspensión del servicio de comedor en su sede regional de Toluca. También se detectaron pagos millonarios por servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento sin la evidencia que comprobara su prestación. Tres compañías de seguridad privada recibieron 21.4 millones sin demostrar la ejecución del servicio. Otras empresas cobraron casi 50 millones de pesos por limpieza y mantenimiento sin comprobantes ni registros de asistencia del personal. En otro caso, la Judicatura desembolsó más de 92 millones por servicios de impresión y copiado sin los reportes obligatorios. De acuerdo con el Tomo V del informe Poder Judicial, el CJF reportó ingresos por 70 mil 55 millones de pesos, aunque su presupuesto original era de 68 mil 917 millones.   DETECTAN ANOMALÍAS POR 272 MDP EN CJF La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió las alarmas en el Poder Judicial, debido que durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue señalado por múltiples deficiencias en el manejo de recursos destinados a la adquisición de bienes y la contratación de servicios, irregularidades que suman 272.4 millones de pesos sin aclarar. De acuerdo con el Tomo V del informe “Poder Judicial”, el CJF reportó ingresos totales por 70 mil 55 millones de pesos, aunque el presupuesto originalmente autorizado ascendía a 68 mil 917 millones. La auditoría practicada tuvo como objetivo verificar la correcta aplicación de esos recursos; sin embargo, los hallazgos revelan un patrón preocupante de opacidad y falta de control administrativo. Entre las principales observaciones destaca que el CJF no hizo efectiva una fianza por 431.9 mil pesos a la empresa Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V. por la suspensión del servicio de comedor en su sede regional de Toluca. Además, se detectaron pagos millonarios por servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento, sin la evidencia documental que comprobara su prestación efectiva. Por ejemplo, tres compañías de seguridad privada recibieron 21.4 millones de pesos sin demostrar la ejecución del servicio. Otras empresas, como Eos Limpieza e Inmobiliaria DNI, cobraron casi 50 millones de pesos por limpieza y mantenimiento sin comprobantes ni registros de asistencia del personal. En el caso de Distri Copy S.A. de C.V., el CJF desembolsó más de 92 millones de pesos por servicios de impresión y copiado sin los reportes técnicos obligatorios. La ASF también detectó pagos sin respaldo por servicios tecnológicos y de soporte informático, entre ellos los de Microsoft México, IQsec y UNINET, por más de 200 millones de pesos. Ninguno presentó documentación suficiente que justificara la ejecución de actividades o la aplicación de penas convencionales por retrasos y fallas. Pese a que el dictamen concluye que el CJF cumplió “en términos generales” con la normativa, los resultados arrojan 11 recomendaciones, 11 pliegos de observaciones y 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, además de una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Los resultados de la ASF señalan que el entonces Consejo de la Judicatura Federal dejó sin aclarar 272 millones 437 mil pesos, cifra que refleja una preocupante relajación en los controles internos del Poder Judicial, órgano que tiene la misión de garantizar la legalidad y la transparencia en el país.   ESTADOS CONCENTRAN POSIBLE QUEBRANTO La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la Cuenta Pública 2024 por seis mil 969 millones de pesos, de los cuales aún quedan pendientes de aclarar cinco mil 823 millones, informó a diputados el titular de la ASF, David Colmenares Páramo. Según el informe consolidado de la ASF, del total de seis mil 969 millones de pesos observados, más de 86%, es decir, seis mil cuatro millones, corresponde al gasto federalizado ejercido por estados y municipios, particularmente en salud, infraestructura física y educación. De este monto, restan por aclarar cinco mil 21 millones de pesos. De los cuales, desafortunadamente, más de 35% de este monto fue determinado en las auditorías efectuadas a los servicios de salud, también subrayan los servicios de salud prestados por los gobiernos estatales, mismos que fueron financiados con recursos de origen federal”, indicó Colmenares Páramo. Entre los conceptos con mayor opacidad destacan el gasto de estados y municipios en materia de salud, con mil 591 millones de pesos; en infraestructura física y saneamiento financiero, con mil 391 millones; en educación, con mil 330 millones, e infraestructura social, con 666 millones. Por entidades, las que lideran mayor opacidad o posible quebranto en el ejercicio de recursos federales destacan Veracruz, con un monto de mil 114.3 millones de pesos; Hidalgo, con 583 millones; Durango, con 390 millones; Morelos, con 226.9 millones, y Chiapas, con 206.9 millones. Colmenares hizo notar que los gobiernos de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas no tuvieron observación alguna en las auditorías de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024. NIVEL FEDERAL En tanto, más de 965 millones de pesos en probables irregularidades corresponden a entes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y, principalmente, el Judicial, con 49% del total, faltando de explicar aún el destino de 802 millones. Al hacer la segunda de tres entregas de informes de fiscalización correspondientes al último año de la administración del expediente Andrés Manuel López Obrador, el auditor superior informó que siguen en curso otras auditorías relevantes con la meta de sumar alrededor de dos mil millones más y presentar la información final en febrero de 2026. En el antiguo PJF se hallaron deficiencias y omisiones en el manejo de recursos por más de 323 millones de pesos, destacando el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sobresalen también los casos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con 215 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con 84 millones; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 72 millones; la Secretaría de Marina (Semar), con 62 millones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con 34 millones, y la Secretaría de Salud, con 19 millones, entre otras. PODER JUDICIAL En el caso de mayor opacidad en el ejercicio de recursos públicos en el Poder Judicial de la Federación, los mayores montos observados corresponden a pagos sin comprobación a empresas de limpieza; seguridad privada; tecnología y software, así como arrendamiento inmobiliario. Todas, sin documentación que acreditara los servicios prestados. El Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral fueron objeto de auditorías de cumplimiento forense, enfocadas en la revisión de adquisiciones y servicios contratados, donde la ASF halló pagos sin evidencia documental, servicios no comprobados y omisiones en la aplicación de sanciones a proveedores.   cva   Contenidos Relacionados: Detecta la ASF anomalías por $661 millones; municipios y estados con más fallasSin rastros, recursos de salud en Hidalgo; debe aclarar cuentas públicasDefinen fecha para discutir presupuesto 2026 en Congreso CDMX

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