
El homicidio de Carlos Manzo, un alcalde que desafió abiertamente al crimen organizado, subraya la profunda crisis de seguridad en Michoacán y la aparente incapacidad del Estado para proteger a sus funcionarios. A pesar de contar con protección federal, su asesinato en un acto público evidencia la audacia de los grupos criminales y ha generado un clamor nacional por justicia y una estrategia de seguridad efectiva.










