Noticias cortas: Crimen y justicia

La muerte de Rodrigo Mondragón, confirmada por la autopsia como homicidio por estrangulamiento, ha resultado en la detención de cuatro guardias de seguridad de la UNAM. El caso, que contradice el informe inicial de la universidad sobre un “desvanecimiento”, está siendo investigado por la FGJCDMX mientras familiares y aficionados exigen justicia.

Una violenta pugna interna del Cártel de Sinaloa ha provocado más de 40 muertes en seis días, tras el abatimiento de un líder de “Los Chapitos”. En respuesta, el gobierno federal ha intensificado los operativos, logrando detenciones y decomisos de arsenales, mientras el secretario de Seguridad asegura que se reforzará la presencia federal para pacificar el estado.

La “Operación Caudal” contra el robo de agua en el Estado de México derivó en la clausura de pozos ilegales, lo que provocó extensos bloqueos por parte de piperos.

Las autoridades revelaron una red que vendía agua no potable a precios inflados, mientras se proponen reformas para endurecer las penas contra este delito.

Nancy Ivette A.

A. y Roberto Isaac A.

A., de la funeraria Del Carmen en Juárez, enfrentan un nuevo proceso por presuntamente ocultar un cadáver y fingir una cremación por 14,000 pesos. Ambos permanecen en prisión preventiva mientras la investigación continúa, en un caso que destapa graves irregularidades en el sector funerario.

El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado en Durango; su cuerpo fue hallado con un mensaje amenazante. Organizaciones como la SIP y Amnistía Internacional condenan el hecho y exigen que se investigue su labor periodística como móvil del crimen, que lo convierte en el séptimo comunicador asesinado en México en 2025.

Al menos siete personas murieron y siete resultaron heridas en ataques armados en Guachochi, Chihuahua, lo que desató protestas de maestros y llamados a declarar estado de emergencia.

Las víctimas incluyen a un profesor y un niño, en lo que las autoridades describen como un enfrentamiento entre grupos criminales que afectó a civiles.

El empresario prófugo Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue arrestado en Miami por irregularidades migratorias. Acusado en México de liderar un esquema de corrupción masiva, ahora se encuentra bajo custodia del ICE mientras el gobierno mexicano considera solicitar su extradición.

Tras ser contratados para una fiesta en Iztapalapa, seis mariachis fueron secuestrados y agredidos; dos de ellos sufrieron quemaduras graves.

La policía de la CDMX detuvo a cinco sospechosos, entre ellos tres menores, presuntamente ligados a la banda “Los Malportados”.

La violencia contra funcionarios públicos se manifestó con los asesinatos del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena, y del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez. Las investigaciones han llevado a la detención de presuntos responsables en el caso de Pisaflores, incluyendo al exdirector del DIF municipal, lo que subraya la grave situación de inseguridad que enfrentan los servidores públicos en México.

En su comparecencia en el Congreso, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó una baja del 32% en homicidios y negó haber sufrido un nuevo atentado. Anunció el refuerzo de la seguridad en Michoacán contra la extorsión y en Sinaloa contra la violencia de los cárteles, reafirmando la estrategia del gobierno federal.

Un menor de 13 años fue detenido en Polanco por dispararle a su madre en la mandíbula y agredir a su hermano de 11 años, presuntamente después de que le quitaran el celular como castigo. La madre se encuentra fuera de peligro y la fiscalía investiga el acceso del adolescente al arma de fuego.

El líder sindical de CATEM, Noel Pérez Urquidi, fue asesinado a tiros en Salina Cruz, Oaxaca, en un ataque directo. La Fiscalía estatal ha iniciado una investigación para esclarecer el crimen, que se suma a una serie de actos de violencia contra líderes sociales y políticos en México.

Un tiroteo en un bar de Atoyac, Veracruz, resultó en cuatro muertes, incluyendo una víctima colateral, y la detención de policías municipales por presuntos nexos con el crimen organizado. El comandante local está prófugo, mientras las autoridades estatales han asumido el control de la seguridad en el municipio.

La extorsión en México, que va desde el cobro de piso a agricultores hasta fraudes telefónicos, ha provocado asesinatos de líderes que denuncian. El gobierno responde con una estrategia nacional y una nueva ley para perseguir el delito de oficio, mientras que las autoridades locales combaten modalidades como los “montachoques” y las estafas digitales.