
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, durante una celebración pública, evidencia la escalada de violencia contra funcionarios en México. A pesar de contar con protección federal, su postura firme contra el crimen organizado lo convirtió en un objetivo. El suceso ha provocado una fuerte condena política y social, así como la exigencia de justicia y un replanteamiento de las estrategias de seguridad para proteger a las autoridades locales.











