
La propuesta del Paquete Fiscal 2026 ha establecido un escenario de tensión entre el poder ejecutivo, el legislativo y el sector privado. Mientras el gobierno defiende el aumento de impuestos y la deuda como necesarios para la inversión en seguridad e infraestructura, persisten serias preocupaciones sobre el impacto en la competitividad económica del estado y la sostenibilidad de las finanzas públicas.










