
Los ataques simultáneos a sedes de la FGE en Tijuana y Ensenada, que incluyeron el uso de un vehículo vinculado a un funcionario estatal, demuestran una grave escalada en la confrontación del crimen organizado contra el Estado, exponiendo vulnerabilidades en la seguridad de las instituciones y generando una respuesta oficial centrada en reforzar la vigilancia.