
Los ataques coordinados contra instalaciones de la FGE en Tijuana y Ensenada subrayan una severa crisis de seguridad pública, con grupos delictivos desafiando directamente a las instituciones estatales. La vinculación de un vehículo con un funcionario público añade complejidad a la investigación, mientras que la ausencia de detenciones inmediatas resalta la capacidad operativa de estas organizaciones.