Noticias cortas: Tensiones políticas en México

Las protestas masivas de agricultores y transportistas, motivadas por la reforma a la Ley de Aguas y la inseguridad, han generado un punto muerto en las negociaciones con el Gobierno Federal. La falta de acuerdos y la descalificación de las protestas por parte de las autoridades amenazan con intensificar el conflicto a nivel nacional.

Los comentarios del senador Gerardo Fernández Noroña contra la alcaldesa Grecia Quiroz, a quien llamó “ambiciosa” y “fascista”, generaron una condena generalizada por violencia política de género. El incidente provocó una reprimenda de la presidenta Sheinbaum y de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, evidenciando tensiones dentro de Morena y unificando a la oposición en su rechazo.

El Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley Antiextorsión, que unifica el delito a nivel nacional e impone penas de hasta 42 años de cárcel. La reforma, impulsada por la presidenta Sheinbaum, fue avalada por unanimidad en lo general, aunque el PRI alertó sobre posibles riesgos para la libertad de prensa en su redacción final.

La confesión del alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, sobre su reunión forzada con criminales que le exigieron dinero y cargos, subraya la profunda infiltración del crimen organizado en el poder político local. Su negativa a pactar, en el contexto del asesinato de su predecesora, evidencia la extrema presión y el riesgo mortal que enfrentan los funcionarios en las zonas más violentas del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y los 32 gobernadores del país firmaron un compromiso nacional con diez acciones clave para erradicar la violencia contra las mujeres. La estrategia incluye la homologación del delito de abuso sexual, campañas de cambio cultural y la creación de senderos seguros, mostrando una unidad política para enfrentar esta crisis social.

El Congreso de Veracruz aprobó una controvertida reforma que reduce el mandato del Fiscal General y otorga a la gobernadora la facultad de nombrarlo y removerlo. La medida, impulsada por Morena, es vista por la oposición como una centralización del poder que amenaza la autonomía de la fiscalía y podría facilitar la persecución política.

La reunión entre las presidentas Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro resultó en la ampliación de programas sociales mexicanos en Honduras para atender la migración. Además, Castro expresó a Sheinbaum su preocupación por una posible injerencia extranjera en las elecciones de su país, mientras México reafirmó su política de no intervención y su rol de liderazgo regional.

La FGR imputó a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por delincuencia organizada, narcotráfico y huachicol, acusándolo de liderar una red criminal. A pesar de la gravedad de los cargos, el empresario negocia convertirse en testigo protegido. La presidenta Sheinbaum pidió separar el caso judicial del reciente triunfo de la concursante mexicana.

La SCJN fortaleció la representación política de grupos subrepresentados al validar una reforma en Morelos que obliga a postular solo a mujeres en 11 alcaldías.

Simultáneamente, otorgó derecho a voz y voto en los cabildos a los representantes indígenas de Nayarit, redefiniendo el poder municipal con un enfoque de paridad e inclusión.

La Cámara de Diputados avanzó en la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos, aprobando en comisiones la iniciativa presidencial que incluye penas de hasta ocho años de cárcel. Mientras Morena y sus aliados defienden la medida como una acción de salud pública, la oposición la califica de punitiva y advierte que podría criminalizar a los consumidores y fomentar un mercado negro.

Impulsadas por la presión social, las legislaturas de estados como Chihuahua, Baja California Sur y Morelos avanzan en la tipificación de delitos como la violencia vicaria y de género, y en la creación de barreras legales para que agresores no ocupen cargos públicos. Estas reformas reflejan un cambio de poder significativo, donde la agenda feminista se está convirtiendo en ley a nivel estatal.

El Congreso de Chihuahua aprobó una iniciativa pionera para eliminar los impuestos sobre aguinaldos y otras prestaciones laborales, estableciendo un precedente en la defensa del ingreso de los trabajadores. La propuesta, que ahora debe ser discutida en el Congreso de la Unión, representa un desafío a la política fiscal centralista y un cambio en la correlación de poder entre el estado y la federación.