
La transición en la Fiscalía General de la República, marcada por la controvertida salida de Alejandro Gertz Manero y el ascenso de Ernestina Godoy, representa una consolidación del poder del Ejecutivo sobre el sistema de justicia. Mientras el gobierno lo presenta como un paso hacia una mayor coordinación en seguridad, críticos y organizaciones civiles denuncian una regresión en la autonomía de la FGR, con nombramientos clave que sugieren una alineación estratégica con el gabinete de seguridad federal.











