
La reforma a la Ley de Amparo representa un significativo cambio en el equilibrio de poder entre el Estado y los ciudadanos. Mientras el gobierno argumenta que busca eficiencia y combate a la evasión fiscal, un amplio sector de la comunidad jurídica y la oposición política alertan sobre el riesgo de desmantelar una herramienta fundamental para la protección de los derechos humanos, dejando a la ciudadanía en una posición de mayor vulnerabilidad ante la autoridad.












