
La derogación del decreto para 'autos chocolate' y la implementación de un nuevo sistema de aranceles marcan un cambio significativo en la política de importación de vehículos usados. Mientras la industria formal celebra la medida como un retorno a la legalidad y la certidumbre, el gobierno federal da por cumplido el objetivo de otorgar certeza jurídica a millones de propietarios.






