
El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene una postura firme, insistiendo en que el pago de la deuda fiscal de Grupo Salinas debe resolverse conforme a la ley y no a través de acuerdos especiales. La resolución final de los nueve litigios clave recae ahora en la Suprema Corte de Justicia, marcando un precedente en la política de cero privilegios fiscales de la administración actual.